El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Acusación Constitucional (AC) contra el extitular de Energía Diego Pardow “carece de fundamento”.
A su juicio, se basa en decisiones técnicas, no en responsabilidades políticas directas.
El secretario de Estado afirmó que la ofensiva impulsada por la oposición no se sostiene jurídicamente.
“Esta es una acusación inconducente, improcedente», sostuvo.
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«No hay ninguna referencia a hechos propios. Lo que se ha cuestionado son decisiones adoptadas por organismos técnicos y, por tanto, no a la propia responsabilidad del exministro Pardow”, recalcó.
Además, aseveró, “nuevamente se ha utilizado una herramienta que ha sido muy común durante todo este tiempo, presentar acusaciones constitucionales que no resuelven los problemas que afectan a nuestros compatriotas y, lo más complejo, que carecen de fundamento conforme a nuestro ordenamiento jurídico”.
«VAMOS A CONTINUAR TRABAJADO»
El libelo fue aprobado en la Cámara por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. El próximo 25 de noviembre la AC contra Pardow será revisada por el Senado, por lo que Elizalde pidió a los parlamentarios de la Cámara Alta que «tomen en consideración los argumentos jurídicos y que finalmente terminen rechazando una acusación que carece de fundamento”.
Recordemos que la acción responsabiliza al exministro por presuntos errores y omisiones vinculados al alza en las cuentas de la luz derivada de un fallo de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Esa situación generó cobros en exceso en las cuentas de la luz a miles de clientes, que la autoridad se comprometió a devolver, y así lo reafirmó el secretario de Estado.
“En lo que respecta al Gobierno, vamos a continuar trabajando para que se realice la devolución correspondiente conforme al itinerario que ha dado a conocer el propio Gobierno y esperamos que el Congreso Nacional se concentre en tareas que son muy relevantes”, enfatizó.
Tanto la defensa del exministro como el Ejecutivo han insistido en que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por organismos técnicos del sector energético y no por autoridad política directa.
