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En la mira del TC: Los parlamentarios que tendrían contratos con el Estado

Valentina Torres

La decisión del TC de remover a Isabel Allende por firmar un contrato con el Estado para vender la casa de su padre removió la política.

La fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, en $933 millones, generó la destitución por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la senadora Isabel Allende. Ahora, se conocieron otros casos de parlamentarios que tendrían contratos con el Estado, a pesar de ser inconstitucional.

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Así lo dio a conocer un reportaje de The Clinic, donde revelaron que hay al menos cinco senadores y diputados que tienen millonarios contratos con el Estado y que podrían llegar al Tribunal Constitucional.

Es que, hasta la destitución de la senadora Isabel Allende, nunca se había ocupado el artículo 60 de la Constitución, el cual ordena cesar de su cargo a los parlamentarios que mantengan contratos con el fisco.

A raíz de eso, no serían pocos los parlamentarios que estarían en la mira del Tribunal Constitucional ante acuerdos con el fisco.

RAÚL SOTO: «LA CONSTITUCIÓN ES CLARA»

«Frente a la misma razón debe aplicarse la misma disposición. La Constitución es clara respecto de que los parlamentarios, al igual que los ministros, tenemos inhabilidad a la hora de establecer vínculos y contratos con el Estado y, por lo tanto, yo lo que esperaría es que cada parlamentario involucrado aclare su situación particular, porque cada caso es distinto.

Creo que lo prudente hoy día es esperar el fallo del Tribunal Constitucional respecto del caso de la senadora Allende. Porque ese fallo va a marcar un precedente que, sin duda, alguna va a ser tremendamente relevante porque eventualmente podría aplicarse esos criterios, esos fundamentos, esos argumentos o esa interpretación de la norma constitucional a otros casos de parlamentarios o de otras autoridades. Y yo creo que no es menor lo que va a ocurrir cuando se conozca el detalle de ese fallo».

LOS OTROS PARLAMENTARIOS QUE TENDRÍAN CONTRATOS

Según dieron a conocer en el reportaje de The Clinic, los senadores Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS); y los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Ximena Ossandón (RN) mantendrían o habrían tenido contratos con el Estado.

En el caso del senador del Partido Social Cristiano, Juan Castro Prieto participó en una red de sociedades familiares, como la Constructora Indemma, la cual registraría más de $3 mil millones en traspasos desde el organismo público, según expusieron en el medio citado.

En tanto, el senador Fidel Espinoza participó hasta el 2018 en la sociedad Difusora Fresia Limitada, la cual acumula cerca de $14 millones en traspasos con municipalidades de la región de Los Lagos.

El senador del Partido Socialista apunta a que él se habría retirado de la empresa en 2005, aunque por un error de inscripción del trámite no se concretó hasta el 2018.

El diputado, y actual candidato presidencial, Jaime Mulet (FRVS), era parte de la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, la que explota una radio en Vallenar, según The Clinic, y contaría con traspasos comerciales con municipalidades y servicios públicos del sector.

Asimismo, en el medio consignaron que el diputado se retiró un mes después de asumir su cargo público, aunque su esposa quedó como controladora de la empresa.

Y SE SUMAN MÁS

La diputada Ximena Ossandón (RN) participa de una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, empresa que ha recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y Corfo.

La propia diputada señaló que la empresa Paul y Compañía Limitada, donde figura como socia, «invirtió efectivamente en acciones de Cumplo el año 2015 y 2017».

«Sin embargo, Paúl y Cia es un inversionista pasivo en esta sociedad y yo tengo el 1,14%, por lo tanto, no se participa en decisiones y no se recibe información sobre clientes», señaló la diputada, en conversación con el sitio mencionado.

Asimismo, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) mantuvo arrendada una casona a la Junji hasta noviembre de 2020, por un monto cercano de $4 millones mensuales.

El equipo del senador señaló al medio citado que el contrato de arrendamiento estaba expirado y que fue firmado antes de que asumiera como parlamentario.

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