A semanas de las elecciones parlamentarias de noviembre, la ausencia de 100 diputados y diputadas en la última sesión del Congreso vuelve a encender el debate sobre la responsabilidad política y el compromiso de quienes representan a la ciudadanía.
Lea También: Corte de Santiago acoge desafuero del diputado Joaquín Lavín
Según los registros oficiales de la Cámara, un grupo importante de parlamentarios no asistió a la sesión de esta semana. Pese a la urgencia de los temas en tabla y al contexto preelectoral que exige mayor rendición de cuentas. Las ausencias, justificadas o no, reabren una discusión que ya incomoda a gran parte de la opinión pública: la distancia entre la clase política y la ciudadanía.
El malestar social hacia los políticos no es nuevo, pero se profundiza frente a episodios de baja asistencia. Falta de transparencia y casos judiciales que afectan directamente a algunos legisladores. Recordemos que varios diputados enfrentan procesos de desafuero o investigaciones judiciales. Lo que pone en duda la integridad de parte del Congreso en plena campaña electoral.
En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación con mensajes que reflejan un sentir transversal: “Mientras el país enfrenta crisis económicas, los diputados siguen ausentes”; “¿Dónde están cuando hay que votar por lo que importa?” o “Después piden el voto, pero no aparecen ni en el Congreso”.
FALTA DE CREDIBILIDAD
La falta de credibilidad hacia la clase política se refleja en encuestas recientes que muestran un histórico nivel de desconfianza hacia el Parlamento. Con cifras que lo sitúan entre las instituciones peor evaluadas del país. Expertos políticos advierten que este desgaste puede tener un impacto directo en la participación electoral de noviembre, especialmente entre los votantes jóvenes y desencantados.
Mientras tanto, desde la Cámara de Diputados se insiste en que las ausencias registradas se ajustan a los reglamentos internos y que las sanciones, de corresponder, serán aplicadas. Sin embargo, la percepción pública parece ir por otro camino: una creciente sensación de impunidad, desconexión y cansancio con una clase política que no logra sintonizar con las urgencias reales del país.
Con el proceso electoral a la vuelta de la esquina, el desafío no solo será para quienes buscan la reelección, sino también para el sistema político en su conjunto, que enfrenta una de las crisis de legitimidad más profundas de los últimos años.
DESAFUEROS: LA OTRA HISTORIA QUE MANCHA LA POLÍTICA
Paralelamente a las ausencias, varios legisladores enfrentan la justicia o han sido desaforados, lo que agrava la crisis de legitimidad.
María Luisa Cordero (Ind., bancada RN) desaforada en 2023 por injurias contra la senadora Fabiola Campillai. A ella se suma Mauricio Ojeda (Independiente, ex Republicanos) está acusado en el caso de los llamados “Convenios” por presunta corrupción.
Catalina Pérez (ex Frente Amplio): la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la petición de desafuero en su contra para ser formalizada por tres delitos de fraude al fisco ligados al caso Democracia Viva.
Francisco Pulgar (Ind.), por delitos incluidos los abusos sexuales; desaforado también. Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas), acusado por el CDE de fraude al Fisco; su desafuero será revisado por la Corte Suprema.
El último en sumarse es Joaquín Lavín León (UDI), el parlamentario es objeto de una investigación que lo vincula con la emisión de facturas falsas. Además posibles gestiones indebidas en la municipalidad de Maipú cuando su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa. Y la creación de un software de gestión de trabajo que se habría financiado con fondos del Congreso.
Estos casos no sólo revelan irregularidades puntuales, sino que configuran un patrón: diputados que, aún cuando están bajo investigaciones o formalizaciones, siguen ejerciendo funciones, manteniendo dietas y, en algunos casos, participando de política pública como candidatos. La percepción de impunidad crece.
