Un error en los datos sobre pesca industrial entregados por el subsecretario Julio Salas al Senado ha generado una crisis política que amenaza con frenar el avance del proyecto de fraccionamiento pesquero, uno de los pilares de la agenda del Gobierno de Gabriel Boric.
Lee también: Marcel arremete contra el Consejo Fiscal Autónomo
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, enfrenta duras críticas tras haber entregado información incorrecta al Senado respecto al porcentaje de pesca industrial de merluza durante 2024. Según dijo en la Comisión de Pesca, la industria habría capturado solo el 61% de la cuota, cuando la cifra real alcanzaba el 93%.
El dato equivocado fue clave para aprobar el nuevo proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, una de las prioridades del Ejecutivo. La normativa busca redistribuir las cuotas de captura entre el sector artesanal y el industrial, en un intento por dar mayor justicia al uso de los recursos marinos.
Salas, militante de Convergencia Social y en el cargo desde marzo de 2022, reconoció el error y aseguró que fue corregido en el mismo proceso legislativo, utilizando cifras oficiales del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). “Fue un error que no queremos minimizar, pero se corrigió con total transparencia”, afirmó.
ERRORES QUE TRAEN CONSECUENCIAS
Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar desde todos los sectores políticos. Parlamentarios de oposición e incluso del oficialismo acusaron falta de rigurosidad y pidieron la renuncia de Salas o incluso del ministro de Economía, Nicolás Grau. El principal temor es que la confusión derive en un eventual cierre de la planta Pacific Blu en Talcahuano, una de las más importantes del rubro.
El conflicto se intensificó porque ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley por amplia mayoría, pero dejaron pendiente el capítulo sobre la merluza. Al no haber acuerdo en la comisión mixta para revisar nuevamente ese punto, ahora se votará por separado en el Senado y en la Cámara, lo que podría hacer caer esa parte del proyecto.
¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR AHORA?
El diputado Jorge Brito (Frente Amplio), integrante de la Comisión Mixta, explicó los próximos pasos del proyecto:
“Solo queda pendiente de la Comisión Mixta conocer la propuesta del Ejecutivo ante el rechazo al mecanismo de financiamiento que la oposición dio, junto con el senador Fidel Espinoza. Además, para nosotros es importante señalar que en el mes de junio, de vuelta de las semanas distritales del Senado y la Cámara, vamos a tener que decidir, tanto en el Senado como en la Cámara, si es que aprobamos el 52-48 aprobado de la Comisión Mixta o se mantiene vigente el 60-40 de la Ley Longueira”, afirmó.
Sobre la tensión política que desató la merluza común, Brito añadió:
“Lo que queda en la sala de ambas cámaras es pronunciarse sobre todos los acuerdos de la mixta y también en específico sobre la merluza común, que es la pescada, el pescado más popular de la cocina chilena y que fue aprobado por su mayoría en que saliera separado a la sala porque tanto la derecha como el senador Fidel Espinoza buscan que se rechace”, sostuvo.
En caso de no aprobarse, la definición de cuotas para la merluza quedaría en manos del Consejo Nacional de Pesca, donde no existen consensos claros. Esto podría paralizar la regulación del recurso en 2025 y abrir un nuevo flanco para el Gobierno, que prometió avanzar hacia una ley pesquera más justa y transparente.
El futuro del proyecto depende ahora del respaldo político que logre reunir el Ejecutivo en el Congreso. Mientras tanto, el error sobre la pesca industrial sigue tensionando la relación entre el Gobierno y el sector pesquero, y pone en entredicho la gestión de una reforma clave.
