Más de 30 centros de estudiantes y representantes de organismos colegiados de la educación superior presentaron una declaración respecto de las medidas adoptadas por el gobierno de José Antonio Kast en materia de educación, justicia, medio ambiente y economía del país, y anunciaron que están en «estado de alerta».
Desde la Plaza de la Constitución expresaron que «como movimiento estudiantil, asumimos el rol histórico que nos ha correspondido cada vez que se han intentado imponer retrocesos en derechos sociales».
Añadieron que «en consecuencia nos declaramos en estado de alerta y atentos a nuevas decisiones en diversas materias que perjudiquen a las personas, pues no seremos cómplices pasivos de aquellos actos».
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Detallaron que «a 22 días del inicio del mandato de José Antonio Kast, hemos sido testigos de la rápida instalación de múltiples medidas de alto impacto, impulsadas de manera simultánea. Es preocupante cómo se intentan vulnerar principios fundamentales de justicia, educación y protección de nuestro entorno, fruto de años de debate y movilización».
«Frente a este escenario, quienes conformamos los diversos centros de estudiantes y cargos de representación estudiantil en la educación superior, nos vemos en el deber ético y político de alzar la voz en virtud del bien común nacional», añadieron.
«DISPUESTOS A MOVILIZARNOS»
En ese sentido, en educación rechazaron el recorte de 3% en el presupuesto, la limitación de la gratuidad universitaria a personas menores de 30 años; el freno a la extensión de esta a nuevos deciles; el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y los posibles recortes a la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).
En justicia, condenaron «el respaldo que el sector representado por este gobierno le brinda al proyecto de ley que pretende conmutar penas a presos mayores de 70 años, entre los cuales hay criminales condenados por violación, tortura y parricidio».
Cuestionaron, asimismo, el retiro «temporal» de decretos ambientales y el alza histórica del combustible, que «demuestra una vez más que a este gobierno no le interesa la clase trabajadora y deja en evidencia que se trata de una decisión política y consciente: que las familias chilenas paguen por la crisis, aumentando el costo de la vida».
«Seguiremos trabajando en nuestros espacios de organización y estaremos dispuestos a movilizarnos como lo dicta nuestro derecho constitucional, condenando los actos violentos que pongan en riesgo a la ciudadanía, pero manteniendo el ímpetu de defender los derechos y el futuro de todas y todos los chilenos», resaltaron los centros de estudiantes al declarar su estado de alerta.
