La controversia continúa en relación con el fallido intento del Estado por adquirir la vivienda donde vivió el expresidente Salvador Allende, con el propósito de convertirla en un museo.
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La situación se complica debido a que una de las propietarias es la ministra de Defensa, Maya Fernández, lo que plantea dudas sobre la legalidad de un posible contrato, vulnerando el artículo 37 bis de la Constitución.
En este contexto, la ministra (s) vocera del Gobierno, Aisén Etcheverry, explicó que aunque siempre se conoció la identidad de los propietarios, el análisis legal que llevó a la decisión de cancelar la compra no pudo realizarse antes del proceso. En una entrevista con Tele13 Radio, Etcheverry detalló que durante la revisión de las propiedades se autorizó la compra de la residencia del presidente Patricio Aylwin, pero no la de Allende.
La ministra también comentó que la decisión de no continuar con la adquisición de la casa de Allende se comunicó de inmediato. Tras la toma de razón del decreto el 20 de diciembre, se anunció que seguirían con la compra de la residencia de Aylwin, mientras que el análisis legal reveló que no se podían cumplir los requisitos necesarios para la otra propiedad.
Etcheverry subrayó que la adquisición de inmuebles de este tipo implica un proceso donde cada etapa se evalúa cuidadosamente. Aclaró que la estructura de propiedad de la vivienda de Allende ha cambiado con el tiempo, lo que hizo que, en el momento de la compra, no se cumplían las condiciones requeridas, justificando así la decisión tomada en ese instante.
