La alcaldesa UDI usó redes sociales para recordarle a la nueva ministra de Las Culturas, que mantiene una controversia sobre dineros entre una sociedad en que Carolina Arredondo es socia y el municipio que ella encabeza.
Lo anterior, se debe al término del contrato entre el municipio y la empresa «Arredondo y Guzmán Limitada», la cual se había adjudicado por licitación una capacitación de reciclaje. Evelyn Matthei detalló que la nueva ministra de Las Culturas trató que le devolvieran dineros que ya habían gastado, sin embargo, consideraron que eso estaba fuera de lo acordado.
Matthei, se refirió al problema judicial que mantiene el municipio con la empresa de la nueva ministra de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, respecto a la rendición de gastos de unas capacitaciones sobre reciclaje adjudicadas por licitación.
A través de Twitter, un usuario cuestionó a la nueva secretaria de Estado porque su empresa -creada en el año 2018- se adjudicó 30 millones de pesos el 2019.
La alcaldesa Matthei salió al paso y respondió: «Esto fue licitación pública no convenio. Detectamos inconvenientes en rendición de gastos y dimos término anticipado al contrato por exigirlo el bien público y aplicamos sumarios que terminaron en sanción. Nos demandaron y estamos en tribunales defendiendo intereses de la Municipalidad de Providencia», detalló.
LOS HECHOS
El 29 de julio de 2020 la sociedad Tarikapuy ingresó una demanda de indemnización de perjuicios al décimo cuarto Juzgado Civil de Santiago pidiendo que la Municipalidad de Providencia les pagara $25.321.752 por los gastos en que —aseguraron— habían incurrido en un programa para capacitar a vecinos sobre el reciclaje.
La alcaldesa Matthei había terminado anticipadamente el contrato, en medio de la pandemia. También había rechazado devolver esa cantidad. Ese fue el comienzo de la disputa legal entre Matthei y la actual ministra de Cultura Carolina Arredondo, cuya firma además suscribió al menos un acuerdo con el Gobierno Regional de Antofagasta.
Ocho meses antes, el 28 de noviembre de 2019 la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (UDI) firmó un contrato con las representantes legales de la sociedad “Arredondo y Guzmán Limitada”, Romané Guzmán Cortez y la actriz Carolina Arredondo Marzán (independiente PPD), denominado “capacitación para edificios residenciales participantes del servicio Mi barrio recicla”.
EFECTO PANDEMIA
El contrato vía licitación y no trato directo, fue por $30.501.900 y contemplaba que la sociedad realizara capacitaciones sobre reciclaje a 2.145 edificios, a un precio de $14.220 por cada uno, durante 12 meses, mostró el documento.
La municipalidad anunció en el sitio Hub Providencia el trabajo con la empresa. “Tarikapuy (nombre de fantasía de la sociedad) fueron los ganadores de nuestra Fábrica Innovación Providencia 2018 y por eso hoy trabajan junto a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención de Providencia, en la ejecución, promoción y difusión de proyectos de reciclaje domiciliario”, escribieron.
“Carolina Arredondo, vecina, actriz e integrante de Tarikapuy, nos indica que actualmente reciclan plástico, papel y vidrio, y que en el futuro quieren reciclar otro tipo de elementos que sean dañinos para la salud y el medio ambiente”, señalaba.
El 3 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Chile, que derivó en el confinamiento de la población. La alcaldesa Matthei firmó la resolución exenta número 724 que puso término anticipado al contrato, a partir del 3 de junio de 2020. El motivo, “fuerza mayor”.
DEMANDA
El 29 de julio de 2020 la sociedad Tarikapuy ingresó una demanda de indemnización de perjuicios al décimo cuarto Juzgado Civil de Santiago, pidiendo al tribunal que el municipio les pagara la suma de $25.321.752. Hasta este jueves, la demanda tenida a la vista por este medio, seguía en trámite.
Este miércoles Carolina Arredondo fue nombrada ministra de Cultura en reemplazo de Jaime de Aguirre. Este medio pidió un comentario a la cartera sobre el caso, sin recibir una respuesta hasta el cierre de esta edición.
La demanda civil, reclamó que la actora propuso al municipio retomar los servicios cuando ocurriera el desconfinamiento por la pandemia pero que, al recibir una respuesta negativa y ver una intención del municipio de devolver menos de lo que ellos consideraban habían gastado, iniciaron las acciones legales.
“Esta parte comprende y ha padecido como toda pyme la situación por la cual atraviesa el país producto de la pandemia del COVID-19, por lo que al recibir la comunicación de suspensión de los eventos esperó el reagendamiento de ellos para cuando la emergencia sanitaria permita retomar las mismas”, consignó la página 7 de las 20 del escrito.
TÉRMINO UNILATERAL
Ante la decisión del municipio de terminar el contrato, “con fecha 11 de mayo de 2020, mediante correo electrónico, mi representada le informó pormenorizadamente a la Municipalidad acerca de los gastos incurridos para efectos de organizar los eventos impuestos por el contrato, por un monto total de $25.321.752.- pesos, a fin de que éstos sean reembolsados”.
“Con fecha 3 de junio de 2020 mi representada recibió un correo electrónico de parte de la Sra. (Paloma) Valenzuela, por el cual fue informada de la decisión de la Municipalidad de poner término unilateral al contrato celebrado”.
“En este mismo documento la Municipalidad reconoce su obligación de reembolsar los gastos realizados por mi representada, pero por la ínfima suma de $2.294.558, lo cual no se condice con los gastos que efectivamente Tarikapuy desembolsó”.
LA ARISTA ANTOFAGASTA
La sociedad Arredondo y Guzmán Limitada inició actividades ante Impuestos Internos el 21 de julio de 2018 en las categorías recuperación y reciclamiento de otros desperdicios y desechos; actividades de descontaminación; venta al por menor por correo; otras actividades de venta por menor; actividades de consultoría de gestión y otros tipos de enseñanza.
Esta última categoría es la más cercana al contrato por $4.646.950 suscrito el 20 de diciembre de 2022 con el Gobierno Regional de Antofagasta, liderado por el gobernador Ricardo Díaz (ex RD), para realizar un “taller de habilidades comunicacionales”, muestran los registros de Mercado Público.
El gobierno regional está siendo investigado actualmente por la fiscalía por los convenios suscritos con las fundaciones ProCultura y Recrea.
La actual ministra también figura como representante legal de la fundación Cultural La Agencia. Hasta el cierre de esta edición el ministerio de Cultura no había respondido si la nueva ministra mantendrá su participación en sociedades.
