La exalcaldesa de Ñuñoa y actual subsecretaria del Deporte, Emilia Ríos, respondió al informe de la Contraloría que reveló irregularidades en la utilización de recursos municipales y en el respaldo a su campaña de reelección. Ríos argumentó que las observaciones son meramente “fallas administrativas menores” y que no se identifica ninguna situación que no pueda ser corregida en el tiempo estipulado por el organismo fiscalizador.
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Según el documento de la Contraloría, fechado el 31 de diciembre se evidenció que en Ñuñoa se utilizaron plataformas institucionales, como las redes sociales de la municipalidad y la CMDS (Corporación Municipal de Desarrollo Social), para difundir contenido que promovía, de manera implícita y explícita, la imagen de la entonces alcaldesa Ríos. Esto se considera una violación grave al principio de probidad administrativa.
El informe, según La Tercera consta de 69 páginas. Ahí señala que estas publicaciones constituyen una infracción a las normas que regulan el uso de recursos municipales, al beneficiar a la exalcaldesa y a fines ajenos a los objetivos institucionales. Se destaca que hay un uso reiterado de la imagen de Ríos durante el período de campaña y en el tiempo previo al receso.
HORAS EXTRAORDINARIAS
Además, se mencionó que algunos funcionarios municipales recibieron pagos por horas extraordinarias sin que hubiera registros de asistencia, y que otros trabajaron jornadas continuas de más de 12 horas. También se documentaron casos de uso inapropiado de vehículos municipales y deficiencias en las rendiciones de cuentas de las corporaciones culturales, deportivas y sociales de la comuna.
Ante estas acusaciones, Ríos afirmó que el resultado de la fiscalización solo refleja “observaciones que se limitan a aspectos concretos y específicos de la gestión administrativa”.
“En este sentido, el informe no aporta evidencia de problemas que vayan más allá del ámbito administrativo”, añadió la exalcaldesa, sin referirse a la querella que su sucesor en la alcaldía de Ñuñoa, el independiente Sebastián Sichel, anunció tras conocer las conclusiones del informe de la Contraloría.
“Lo que hemos señalado se confirma: hay un desorden administrativo y un uso de las instituciones con fines políticos para beneficiar a un sector específico, en este caso al Frente Amplio y a la administración anterior”, había declarado Sichel al comunicar la presentación de acciones legales.
