La empresa de retiro y manejo de residuos domiciliarios TRESUR decidió contraatacar la versión del recién asumido alcalde de independencia, Agustín Iglesias (RN), quien a fines de marzo, aseguró que la administración de Gonzalo Durán, hoy delegado presidencial RM, había pagado más de $2 mil millones extras a este concesario.
Una querella interpuesta esta mañana en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago contra el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias puede desatar una alerta y crisis sanitaria de gran envergadura para los vecinos de la comuna al norte del centro de Santiago.
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La acción legal de la empresa asegura que el alcalde Iglesias está cometiendo el delito de «malversación de caudales públicos» al quedarse con más de $1.118 millones correspondientes al pago de las facturas desde diciembre a febrero del servicio de barrido de calles, aseo integral, arriendo de contenedores, higiene ambiental, recolección y transporte residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos de la comuna, que actualmente tiene una población fija de más de 153 mil habitantes y una población flotante de casi 300 mil., considerando que tiene entre sus características las zonas de hospitales (Hospital Clínico UdeChile; Hospital San José, y Hospital pediátrico Robert del Río), el Estadio Santa Laura y el Hipódromo Chile.
CONTRATO
El Libelo asegura que «El contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Independencia y TRESUR SpA de acuerdo al ID 584264-31-LR21, rige desde el 17/11/2021, y se mantiene plenamente vigente. Es por ello que los servicios prestados siempre han sido pagados sin ningún reparo por la Municipalidad. Resulta pertinente enfatizar que existe un deber de pago por parte de la Municipalidad incuestionable, ya que todas las facturas han sido emitidas y aceptadas dentro del marco contractual existente».
FACTURACIÓN
«Efectivamente, cabe hacer presente que cada proceso de facturación se inicia con la emisión de la respectiva Orden de Compra de parte de la Municipalidad de Independencia, la cual se complementa con el Estado de Pago presentado por TRESUR SpA., que incluye el pago de la obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, el registro de los servicios prestados, entre otras menciones; luego de ser revisado, recién es autorizado para ser facturado por TRESUR SpA».
FACTURAS
Una vez emitida la factura, sigue un proceso interno de revisión por parte de la Municipalidad, el que finaliza con el pago de las facturas. Todas las facturas que a continuación se individualizan en recuadro, cuyas copias se adjuntan en un otrosì, y que rehúsa pagar el alcalde y querellado, han cumplido dicho proceso, no existiendo razón alguna para evadir su deber de pago y causa un perjuicio a TRESUR SpA., por la suma de $1.118.316.197.- (mil ciento dieciocho millones trescientos dieciseis mil ciento noventa y siete pesos)» dice la presentación.
QUERELLA
La querella es una consecuencia de las acciones del alcalde Iglesias que se concentran en una querella que como jefe comunal interpuso en marzo pasado, acusando un supuesto «fraude al Fisco y estafa» de parte de esta empresa y otra (“Aromo SpA”) dedicada a la mantención de áreas verdes, donde acusan a ambas entidades de hacer cobros duplicados de sus servicios, llevando al municipio a un eventual perjuicio de más de $2 mil millones.
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Según el abogado de la empresa TRESUR, Luis Gálvez Astudillo, dicha querella «Es absolutamente errada y contiene supuestos fácticos y legales falsos, ya que nunca se ha pagado dos veces por los servicios prestados, pues las facturas cuestionadas fueron anuladas y nunca cobradas».
Gálvez insiste que el alcalde Agustín Iglesias «Quizás fue mal informado por sus asesores, pero acá hay una evidente mala visualización, gestión y ejecución de la labor edilicia, ya que no se ve que haya coherencia entre lo que es el trabajo cotidiano en un municipio, con las intenciones de cuestionar una gestión anterior, solo por cuestionarla».
ALCALDE IGLESIAS
En la querella que ahora en adelante enfrentará el alcalde Iglesias, se señala que «El actuar del querellado no solamente conlleva un perjuicio económico por el valor de las facturas impagas, sino que, además, pone en riesgo sanitario inminente a toda la comunidad y vecinos de la comuna de Independencia, ante la difícil situación de no poder dar continuidad a un servicio esencial lo que significa en la práctica, no recolectar 5.000 toneladas de residuos mensuales. En mismo sentido, conlleva una crisis laboral para más de 130 trabajadores destinados a cumplir sus labores principalmente a dicha comuna».
Asimismo, pide que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indague al alcalde Iglesias ya que «Abusando del ejercicio de su cargo, con dolo directo, se ha rehusado sin causa bastante, efectuar el pago de las facturas irrevocablemente aceptadas, incurriendo en el delito de malversación de caudales públicos, en su hipótesis primera, descrita en el artículo 237 del Código Penal, norma que dispone: “El empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante, sufrirá la pena de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio», expresa el libelo ante el tribunal.
NOVEDADES
En tanto, el alcalde Iglesias interpuso una querella con el patrocinio de los abogados Sergio Contreras Paredes, Catalina Honorato Bezanilla y Conall Morrison, y el tribunal la admitió a trámite el 26 de marzo pasado.
La fiscal Patricia Cerda, de la Unidad Anticorrupción, recibió el caso, pero no ha registrado mayores avances ni ha oficiado trabajos o pericias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, como se solicitaba.
Sin embargo, para el abogado de la empresa TRESUR, Luis Gálvez, esa acción legal tiene un serio problema jurídico de coherencia y pertinencia, ya que «Acusa a dos empresas de supuestos delitos, pero luego en su enunciado final pide investigar a quienes resulten responsables, lo que es de una irresponsabilidad mayúscula, puesto qué en materia penal, las responsabilidad son personales o de las personas jurídicas, pero no se puede acusar al voleo un supuesto delito sin fundamentar pruebas y datos que corroboren esa denuncia! dice el representante de la empresa de recolección de basura.
JUZGADO DE GARANTÍA
Por lo mismo, Gálvez le pidió, a su vez, al mismo 3° Juzgado de Garantía de Santiago que disponga de una audiencia para que se discuta «El sobreseimiento definitivo» de la causa porque “no hay imputado directo, ni menos hechos que constituyan delito alguno” dice el jurista.
Está Pasando consultó al Municipio de Independencia sobre su opinión, pero respondieron que por ahora no harán declaraciones «Hasta que reciban la notificación de la interposición de la querella señalada».
