Alejandra Castillo, experta en derecho penal y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), advirtió sobre los efectos negativos que la mediatización excesiva y la politización están teniendo en el caso de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, imputado por los delitos de violación y abuso sexual contra una asesora.
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En declaraciones al programa Lo Que Queda del Día, Castillo afirmó que la sobreexposición mediática vulnera el debido proceso y afecta tanto a las partes involucradas como al sistema judicial.
“El proceso debe ser público, pero no mediático. Resolver casos con base en la presión de la opinión pública, en lugar de las pruebas concretas, es extremadamente grave y perjudica al Estado de Derecho”, señaló.
La abogada también destacó la distorsión que genera el enfoque mediático sobre los casos judiciales, donde la sociedad parece esperar únicamente sentencias condenatorias.
«La gente no contempla la posibilidad de una sentencia absolutoria, lo que afecta la presunción de inocencia y presiona a los jueces a dictar resoluciones que puedan ser populares, pero no necesariamente ajustadas a derecho», agregó.
BANALIZACIÓN DE LOS DELITOS SEXUALES
Además, Castillo expresó preocupación por la “banalización” de los delitos sexuales, especialmente en casos con connotación política.
Según la académica, este fenómeno desvía la atención del problema principal y crea narrativas polarizadas que desvirtúan la gravedad del hecho en sí.
«La politización lleva a que, dependiendo del sector político, el delito sea minimizado o magnificado, lo cual banaliza a las víctimas y al delito mismo», enfatizó.
Castillo destacó la importancia del consentimiento en los casos de delitos sexuales y aclaró conceptos erróneos: “El consentimiento es libre, debe estar exento de coacción o engaño y puede revocarse en cualquier momento”.
Incluso si se inicia una interacción sexual consensuada, una persona tiene derecho a detenerla en cualquier instante”.
La conclusión académica advirtiendo que el caso Monsalve, más allá de su impacto jurídico, evidencia la necesidad de fortalecer el respeto por la independencia judicial y el tratamiento responsable de los casos penales en los medios de comunicación.
