La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio (FA) anunció que presentará oficios de fiscalización a Codelco, al SII, al Servel, a la UAF, a la Superintendencia de Pensiones y a la CMF a partir de los antecedentes revelados por el medio de comunicación Reportea sobre la Fundación Ciudadanos en Acción (FCEA), que está vinculada con bots y trolls de redes sociales y fue creada y liderada por Bernardo Fontaine, actual presidente del directorio de Codelco tras su nombramiento en el cargo por el presidente José Antonio Kast.
FCEA habría recibido $1.906 millones en donaciones entre 2015 y 2024, incluidos $209 millones provenientes del extranjero durante ese último año, sin que sus memorias identifiquen a sus donantes.
De acuerdo con el medio citado los mayores aportes coinciden con los períodos en que la fundación desplegó campañas en redes sociales por la opción Rechazo en el plebiscito de salida y contra la reforma previsional del gobierno del presidente Gabriel Boric.
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Asimismo, en 2024 la Fundación realizó una campaña contra la Estrategia Nacional del Litio, cuestionando el rol que se le asignaba a Codelco y promoviendo que el negocio quedara exclusivamente en manos privadas. A juicio de los diputados del FA, eso resulta especialmente preocupante al ser una política pública que incumbe directamente al cargo que hoy desempeña Fontaine en la cuprera.
SCHONHAUT: «ES GRAVE»
La diputada Constanza Schonhaut recalcó que es importante conocer la información solicitada, porque “ni (Fernando) Cerimedo (el «Rey de los Trolls») ni Fontaine pueden valer más que la opinión de todos los chilenos y chilenas».
«Recibir financiamiento desde el extranjero sin trazabilidad y sin claridad de en qué se gastó esa plata es grave es especialmente grave cuando quien dirigió esa fundación hoy día dirige una de las empresas más importantes para Chile, como es Codelco».
La diputada del FA expuso que «no podemos permitir que las granjas de bots sigan destruyendo la discusión pública, y tampoco podemos permitir que hayan autoridades políticas que validen o maticen esta forma de acción política que termina vulnerando nuestra democracia».
Schonhaut dijo que por eso presentaron «un proyecto de ley para prohibir el uso de cuentas automatizadas como bots, para regular la inteligencia artificial y también para obligar a rendir el gasto en empresas de posicionamiento digital antes y durante las campañas políticas».
WINTER: «POR SUPUESTO QUE ES POLÍTICA»
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter afirmó que “como hemos denunciado durante años, gran parte del financiamiento de la política no está en los canales institucionales y legales establecidos para aquello. Muchas veces, grandes financistas le pagan a fundaciones para que hagan publicidad de sus ideas políticas por fuera de los canales políticos».
Como ejemplo de ello puso a «Bernardo Fontaine, cuya fundación recibió plata inclusive de la Asociación de AFP, que son siete multinacionales de Estados Unidos que se dedican a hacer política en Chile para que la legalidad chilena les entregue más plata de la que hoy día reciben de los chilenos».
«Bernardo Fontaine también estuvo allí. Y esa misma fundación de Fontaine le pagaba a influencers que se presentaban frente a la sociedad chilena como pobres ciudadanos independientes que decían ‘con mi plata no’ de manera espontánea», agregó.
Cuestionó además que «ahora sabemos que la fundación esta sigue promocionando iniciativas del gobierno. ¿Qué no es financiamiento de la política? ¿Promocionar de manera independiente, pagando la promoción, iniciativas del gobierno? Por supuesto que es política. ¿Y eso dónde está boleteado? ¿Dónde está rendido? Nadie lo sabe”.
BASSA: ESTRATEGIA DE LA EXTREMA DERECHA
De la misma manera, el diputado Jaime Bassa planteó que desde el FA se van “a llevar adelante todas las facultades de investigación que tenemos para detener la estrategia que está desplegando la extrema derecha de contaminar los procesos electorales y de alterar la expresión de la voluntad soberana a partir de granjas de bots y de financiamiento ilegal»
«Hemos sabido que el actual presidente de Codelco recibió más de 1.900 millones de pesos. No poco de ese presupuesto viene del extranjero para financiar actividad política, lo que es contrario al ordenamiento jurídico. Tienen que asumir las responsabilidades. Hemos presentado varios proyectos de ley y varios también oficios de fiscalización para evitar que estas granjas de bots y dineros corruptos alteren la expresión de la voluntad popular»,enfatizó.
