Los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio de las Culturas, encargados de tramitar la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, fueron señalados por el gobierno como responsables de la fallida adquisición. Aunque no se han presentado alertas específicas sobre la inconstitucionalidad de la operación, varios testimonios de autoridades y abogados vinculados al proceso indican que se advirtió a la Presidencia sobre problemas jurídicos potencialmente graves.
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CIPER accedió a una minuta elaborada por Macarena Diez, jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, antes de una reunión con asesores de La Moneda en octubre de 2024. En este documento se subraya la necesidad de discutir las consecuencias «morales, políticas y jurídicas» de llevar a cabo la compra. Diez entregó este documento al Ministerio Público como prueba de que sí se elevaron alertas al gabinete del Presidente Boric.
LA CASA DE ALLENDE
La casa de Allende iba a ser adquirida por el Estado por $993 millones, con el fin de convertirla en un museo. Sin embargo, el proceso se detuvo al descubrirse que entre los propietarios de la vivienda se encontraban la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, ambas constitucionalmente inhabilitadas para celebrar contratos con el Estado. Este hallazgo resultó en una investigación por presunto fraude y llevó a la renuncia de Fernández.
El pasado 16 de marzo, en una entrevista con Chilevisión Noticias, el Presidente Boric afirmó que ni la exministra Fernández ni la senadora Allende tuvieron mayor participación en el proceso de compra. Reiteró que la responsabilidad recaía en los equipos que gestionaron la operación, es decir, en los funcionarios de Bienes Nacionales y Culturas. Sin embargo, a pesar de que no se han dado a conocer advertencias específicas sobre la compra, testimonios de involucrados sugieren que se plantearon preocupaciones jurídicas y comunicacionales.
CIPER reveló en febrero de este año que tanto Diez como Denisse Hernández, jefa de Gabinete de Bienes Nacionales, alertaron a los asesores presidenciales sobre problemas jurídicos en una reunión celebrada en octubre de 2024. En esta reunión, Diez expresó que faltaban antecedentes fundamentales para avanzar en el proceso y que existían cuestionamientos políticos y jurídicos relacionados con la adquisición de un inmueble que pertenecía a dos autoridades.
La minuta de la reunión, que se encuentra en manos del Ministerio Público, destaca la preocupación sobre la adquisición del inmueble por parte de las vendedoras y las posibles consecuencias políticas y jurídicas. La minuta también indica que las funcionarias de Bienes Nacionales debían expresar sus inquietudes durante el encuentro.
LAS ADVERTENCIAS
A pesar de las advertencias presentadas por Diez, la Presidencia decidió que las preocupaciones jurídicas serían revisadas junto a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno. No obstante, el gobierno no ha hecho comentarios públicos sobre las advertencias legales en relación a la compra del inmueble.
El 8 de enero, el departamento de prensa de La Moneda afirmó que no se habían formalizado reparos a la Presidencia durante el proceso de compra, lo que contrasta con la información presentada en la minuta de Diez.
En su declaración ante el Ministerio Público, Diez mencionó que se enteró de la inyección de recursos para la compra de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende antes de salir de vacaciones. A su regreso, se le informó que dos abogados estaban estudiando los títulos de ambas propiedades.
EL SEGUIMIENTO AL CASO
La declaración de Diez también detalla el seguimiento que se le dio al proceso de compraventa, que involucró al menos a diez funcionarios de diversas áreas del ministerio, quienes debían cumplir con los requisitos estipulados en la circular N°152 de julio de 2021. Esta circular establece los pasos necesarios para la compra de inmuebles por parte del fisco, incluyendo la individualización completa del vendedor, un aspecto que no parece haber sido adecuadamente revisado en este caso.
La situación actual plantea serias preguntas sobre la gestión de este proceso de compra y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. La falta de documentación que respalde la revisión de inhabilidades y la posible inconstitucionalidad del contrato sigue siendo un tema de debate en el ámbito político y legal. La investigación en curso podría arrojar más luz sobre este tema que ha generado controversia y desconfianza en la gestión pública.
