La Federación de Medios de Comunicación Social difundió un pronunciamiento en contra de una propuesta presentada por un grupo de senadores de distintos partidos, que busca castigar a quienes revelen información relacionada con investigaciones penales, como los recientes escándalos de corrupción en el ámbito político, incluyendo ProCultura, los audios filtrados y el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
«Ante el reciente proyecto de ley conocido públicamente como ‘Ley Mordaza 2.0’ impulsado por un grupo de senadores que busca sancionar la filtración y difusión de información en causas judiciales declaradas reservadas, desde la Federación de Medios de Comunicación Social manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave precedente que esta iniciativa podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile», señala el comunicado.
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«Creemos que este proyecto pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparente», agrega.
ANTECEDENTES
«La historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. Criminalizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que se ejerce», complementa.
La «Moción de protección de antecedentes en proceso penal», presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), pretende modificar diversas normativas para —según sus planteamientos— establecer como delito y sancionar con prisión la divulgación de información derivada de investigaciones penales reservadas.
DEMOCRACIA SÓLIDA
La Federación de Medios de Comunicación Social enfatizó que, en una democracia sólida, no se debe perseguir ni restringir al periodismo mediante medidas legales que puedan dar pie a la censura o al autocontrol forzado. Añadieron que son las instituciones las que deben contar con las herramientas necesarias para sancionar las filtraciones indebidas dentro del aparato estatal, sin trasladar esa responsabilidad al ámbito periodístico.
«Como federación, rechazamos cualquier intento por restringir el derecho a informar y a ser informado. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas», concluyeron.
