Política

Filtraciones judiciales: ¿Libertad de información o delito?

Teresa Frías K.

Periodista

Las filtraciones desde el Ministerio Público sobre los casos Hermosilla, Monsalve o Valdivia siguen generando debate.

Las filtraciones relacionadas con las investigaciones de los casos Hermosilla, Monsalve y Valdivia han llevado al Ministerio Público a realizar acciones para identificar el origen de la divulgación de esta información.

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El Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén, es quien lidera las indagaciones sobre las fugas de información en los dos primeros casos mencionados.

El Ministerio Público presentó un documento en el que establece medidas para regular el acceso y manejo de información delicada en las investigaciones penales.

EL OFICIO DE VALENCIA

El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre acciones para proteger la información en investigaciones penales del Ministerio Público.

Esto ocurre semanas después de que el ministro Gajardo expresara su preocupación por la filtración de la declaración voluntaria del Presidente Boric ante la Fiscalía.

En el documento fechado el 3 de diciembre, el fiscal nacional menciona que “durante mi gestión he decidido avanzar en ciertas reformas que estimo necesarias para abordar este aspecto, con el fin de asegurar, por un lado, un adecuado ejercicio de la acción penal y de la dirección de las investigaciones, y por el otro, fomentar el cumplimiento de la reserva de las actuaciones en las diversas investigaciones penales”.

¿QUÉ PASA CON LA PRENSA?

En octubre pasado, el abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, presentó una querella por el delito de violación de secreto, tras la filtración de una serie de chats en los que el querellante, que se encuentra en prisión preventiva, porque, según dice, vulnera sus garantías.

Ante ello, la pregunta que surge sin duda es ¿Qué pasa con la prensa y el deber de informar? El caso Hermosilla involucra no solo a personeros políticos sino también a jueces y fiscales. ¿Acaso la ciudadanía no tiene el derecho de informarse?

El exfiscal Emiliano Arias aseguró que este tipo de filtraciones no son nuevas: cuando se le entregaba a las partes querellantes y defensoras copia de las carpetas investigativas de las causas durante las causas de financiamiento ilegal a la política (principalmente SQM y Penta), “al día siguiente, se encontraba todo en la prensa, la declaración, y todo el contenido de la carpeta de investigación“. En ese escenario, ninguno cometería ningún delito: al no ser funcionarios públicos, no estaban obligados a mantener el secreto.

«EL SECRETISMO ES LESIVO»

«El secretismo de toda investigación es absolutamente lesivo al derecho que tienen los ciudadanos a estar informados», así se refiere Rodrigo Mundaca, periodista de la U. de Chile, al tema de las filtraciones del Ministerio Público. 

En conversación con Está Pasando agrega que «el trabajo del periodista no es estar con el poder, no es decirle que sí, no es decirle ok, ministra, lo que usted diga, ministra. No. El trabajo del periodista es decirle al público, a la audiencia, al ciudadano, que es esto es necesario que se sepa». 

«La ley es una parte, pero la comunidad, la sociedad, tiene que estar informada. Eso es como la base. El tema de las filtraciones es algo que ha estado durante toda la existencia desde que publicamos algo», agregó. 

«HAY QUE HABLAR DE LO IMPORTANTE»

Sobre el tema, el periodista, especializado como reportero de Tribunales comenta a Está Pasando que «el deber de reserva lo tiene la Fiscalía, y por lo tanto, llama mucho la atención que ataque a terceros o señala a terceros cuando el deber de resguardo es de ellos».

«Sobre lo que puede incidir este tipo de situaciones es que evidentemente las fuentes se cierran, se hace mucho más complicado poder indagar en una causa reservada. Siempre las causas reservadas, antiguamente en el procedimiento penal se denominaban secretos sumarios, y esa era nuestra labor como periodistas tribunales tratar de romper secretos sumarios, poder informar cosas de interés público, porque eso es lo importante», nos comenta.

Además, el también académico agrega que «aquí no se están informando causas de familia entre un padre y una madre, sino que se están informando situaciones graves, de delitos graves contra la fe pública, delitos graves económicos, y también situaciones que desde lo político deslindan en lo posiblemente delictual o penal».

«Entonces, tanto Hermosilla, tanto Monsalve, tantos casos de esas características como convenios, deberían tener cierto margen, y el tema de las filtraciones casi siempre se utiliza como un desvío,  y una situación más bien de tratar de hablar de lo secundario cuando hay que hablar de lo importante», finalizó.

CASO HERMOSILLA

En este contexto, personal especializado de Carabineros llevó a cabo un operativo  para incautar el celular y la computadora del abogado Enrique Aldunate, en relación con posibles filtraciones en la causa que involucra al penalista Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de agosto, tras ser formalizado por la Fiscalía Oriente por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Aldunate, que representa a los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri en la querella, es uno de los asesores más influyentes de la bancada del Partido Socialista y su función incluye colaborar en la redacción de proyectos de ley y la tramitación legislativa.

La denuncia contra Aldunate fue presentada el 3 de diciembre por una subordinada, quien afirmó haber recibido instrucciones de este último para entregar un dispositivo a una periodista de un medio de comunicación.

CASO MONSALVE

Se suma la filtración de la carpeta investigativa relacionada con el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien también está en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual, delitos que presuntamente cometió contra una asesora de 32 años del ministerio.

El martes pasado, el diario La Segunda informó que Maximiliano Krause, fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) en la Región de Valparaíso, admitió en noviembre que había compartido sus credenciales de acceso al sistema del Ministerio Público con miembros de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada.

El acceso al expediente tuvo lugar el 18 de octubre. Al ser consultado sobre si su cuenta de usuario estaba siendo utilizada por otra persona, respondió: «He autorizado el uso de mi cuenta a al menos tres funcionarios policiales, pero especialmente a dos de la Policía Marítima, con quienes colaboro en un foco investigativo. Les pregunté directamente si habían consultado, y uno de ellos me confirmó que sí lo había hecho, por curiosidad».

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó el miércoles que se está llevando a cabo una investigación administrativa.

CASO VALDIVIA

Por otro lado, la Fiscalía Oriente decidió abrir en octubre una investigación por el delito de violación de secreto debido a las filtraciones a los medios sobre las denuncias por delitos sexuales contra el exfutbolista Jorge Valdivia.

«Las filtraciones publicadas por distintos medios han revelado información sensible que permite identificar a las víctimas, quienes valientemente decidieron denunciar los hechos que sufrieron en privado», afirmaron en un comunicado de prensa.

En este sentido, desde la Fiscalía Oriente manifestaron que «rechazamos enfáticamente que la cobertura mediática de una investigación en curso revictimice y exponga de manera reiterada e innecesaria el sufrimiento de las víctimas».

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