La Sala Penal de la Corte Suprema dejó pendiente de forma oficial su decisión de respaldar a la Corte de Antofagasta en el caso ProCultura.
Esto por el recurso de amparo que el tribunal de alzada nortino acogió en favor de la psiquiatra Josefina Hunneus por los pinchazos a su celular como ex pareja de Alberto Larraín, dueño de la fundación ProCultura.
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La siquiatra estuvo representada por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann.
FALLO
Awad describió que este es uno de los casos más gravemente vulneratorios de la regulación procesal y defendió los argumentos del fallo que la Corte de Antofagasta cuya fundamentación tuvo 46 páginas.
«Es un fallo reflexivo, serio, basta leerlo para advertir aquello», sostuvo.
El defensor insistió en que el teléfono pinchado “nunca fue, nunca ha sido y nunca lo ha pagado” Alberto Larraín, el exesposo de su representada, y fundador de ProCultura.
Recordó que Huneeus usa ese número desde hace 21 años y que el Ministerio Público aún no aclara de dónde lo obtuvo.
«NO HAY ENGAÑO»
El fiscal Eduardo Ríos alegó a nombre del Ministerio Público.Rechazó la determinación de la Corte de Apelaciones y argumentó que el tribunal no fue imparcial al resolver y pronunció una resolución “falsa”.
Respecto de lo planteado por Awad, afirmó que se le informó a la Corte de Antofagasta al discutir el amparo que el número aparece en un informe de Equifax del 30 de septiembre de 2024, días antes de que se solicitara la interceptación.
«No hay engaño, no hay ocultamiento», enfatizó el persecutor.
Asimismo, recalcó que «Todo el misterio de este amparo es de dónde salió el número y eso se dijo en los alegatos».
Ríos aseveró que en su resolución el tribunal de alzada de Antofagasta procede a «tomar parte» en favor de la amparada y acoge todas sus peticiones, incorporando palabras que denostan al Ministerio Público.
Además de rechazar el fallo de la Corte, el fiscal sostuvo que Huneeus efectivamente es imputada. Que «ha sido, lo es y que seguirá siendo así hasta que se determine lo contrario» en la indagatoria por presuntos delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.
IMPORTANCIA
Los alegatos presentados este lunes ante la Segunda Sala de la Corte Suprema dejaron en evidencia la dimensión política de la apelación interpuesta por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, contra el fallo de la Corte de Apelaciones de la misma región, que declaró como ilegales las interceptaciones telefónicas efectuadas desde octubre contra la psiquiatra Josefina Huneeus.
El abogado defensor de Huneeus, Alejandro Awad, sugirió que la fiscalía habría continuado con el «pinchazo» del teléfono de la exesposa de Alberto Larraín —cofundador de ProCultura— debido a una conversación que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric el 14 de octubre.
Por su parte, el fiscal Eduardo Ríos cuestionó duramente a la Corte de Apelaciones de Antofagasta por comparar estas interceptaciones con prácticas de la Dina y la CNI durante la dictadura, argumento central del recurso de amparo que acogió dicho tribunal.
FALLO
La dureza del fallo dictado el 16 de mayo provocó que, ese mismo viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia removiera al Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso, nombrando en su reemplazo a Castro Bekios.
Este último, quien ya lideraba la investigación del caso Democracia Viva, relacionado al origen del Caso Convenios, confirmó su intención de apelar tras participar en una reunión en la Fiscalía Nacional, en la que también estuvo presente Cooper.
CRÍTICAS AL FALLO
Ríos calificó el dictamen como una «falsa resolución, que simplemente cumple requisitos formales, de apariencia de una verdadera resolución. ¿Por qué? Porque estimamos que la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta ha sido parcial al momento de resolver este amparo, esta acción constitucional».
Afirmó además que el fallo «Le asigna 46 párrafos al alegato del recurrente (…) y un párrafo de tres líneas» al Ministerio Público.
REFERENCIAS
El fiscal también cuestionó la alusión del fallo a prácticas represivas: «(El fallo) incorpora palabras que estimamos como Ministerio Público que denostan, no sólo al Ministerio Público, sino al propio tribunal que resolvió (…) y a la policía».
Agregó que «Nos pone al nivel del pasado más oscuro de nuestro país, casi al nivel de la policía política que se acusa al Ministerio Público de estar actuando como aquella policía política, como la Dina, la CNI».
LA POSTURA DE LA DEFENSA
El abogado Alejandro Awad reafirmó su argumento expuesto previamente ante la Corte de Apelaciones: la fiscalía no ha aclarado satisfactoriamente por qué se incluyó el número de Huneeus entre los tres asociados a Larraín en la solicitud inicial de interceptación que contemplaba a 17 imputados.
Aunque la fiscalía justificó esta inclusión con un informe de Equifax obtenido el 30 de septiembre, Awad cuestionó que sólo se le entregó una fotocopia del documento, sin acceso al original que podría esclarecer el asunto.
VÍNCULO CON BORIC
Awad también aludió a la conversación de Huneeus con el Presidente como un elemento relevante en el contexto de la interceptación:
«Yo no he venido a especular, pero una de las primeras cuestiones que ocurrió cuando no estaba convalidada, ilegalmente por lo demás, la interceptación contra nuestra representada, fue una conversación con el Presidente Boric, el 14 de octubre, antes de la primera resolución» donde la jueza Sissi Bertoglio-Talap autorizó el «pinchazo» ya a nombre de Huneeus.
Agregó: «Cuál era el interés tan intenso que tenía el Ministerio Público por escuchar a esta persona contra la cual no hay nada en la carpeta de investigación, es algo que no me queda del todo claro, pero queda visible ese interés cuando uno analiza, como cada vez pedían autorizaciones respecto de menos personas y sin embargo se mantenía esta persona a quien, en el mejor de los casos, fue caracterizada como meramente una testigo».
ASOCIACIÓN ILÍCITA
La querellante Nubia Vivanco explicó que el «pinchazo» se justifica dentro del marco de una investigación por asociación ilícita criminal llevada a cabo por la fiscalía.
Además, señaló que el caso también involucra indagaciones por financiamiento político.
En el mismo contexto, se investigan presuntos delitos de administración desleal, fraude al fisco y lavado de activos.
