Apuntando a un móvil político y a un encargo realizado desde Venezuela por Diosdado Cabello, el fiscal regional y coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado (ECOH), Héctor Barros, descartó que el secuestro y asesinato en Chile del teniente Ronald Ojeda se trate de un delito común.
Aseveró que «tenemos en la investigación más de cinco antecedentes» que dan cuenta directamente de que quien era mano derecha del depuesto presidente Nicolás Maduro «habría sido quien encargó o quien negoció, en el fondo, con la cúpula máxima del Tren de Aragua».
«El habría sido, además, quien pactó el pago y realizó el pago por este encargo”, agregó el persecutor.
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Aclaró, también, que una decisión de esta magnitud difícilmente puede ser adoptada por una sola persona sin conocimiento de otros niveles de la estructura de poder, aunque aseguró que no cuenta con antecedentes directos de una presunta participación de Maduro.
En ese sentido, la Fiscalía evalúa solicitar diligencias internacionales, incluyendo la posibilidad de tomarle declaración.
“Yo no sé si cuando se tiene tanto poder se cuidan tanto las formas. Yo creo que la existencia de un poder tan amplio, absoluto, hace que las personas pierdan un poco los cuidados necesarios; se sienten con demasiado poder y a lo mejor eso los hace cometer también errores”, afirmó Barros sobre los cabos sueltos del asesinato que apuntan a Cabello.
UN CRIMEN POLÍTICO
La conclusión de que el crimen presentaba un perfil completamente distinto al resto de los hechos atribuidos a esta organización criminal en Chile y la región llegó a pocos meses de iniciada la investigación.
A juicio del persecutor, la forma de ejecución, la planificación y el contexto del homicidio permiten sostener que se trata de un crimen de carácter político.
Recordemos que Ojeda era un exmilitar que participó en intentos golpistas, se fugó de la cárcel en Venezuela, se refugió en Chile y, dos meses antes de su muerte, ingresó de manera clandestina a su país para participar en un nuevo intento de desestabilización.
LAS PRUEBAS
En entrevista con radio Pauta Barros detalló que la teoría de la Fiscalía no se basa solo en testimonios, sino también grabaciones telefónicas, mensajes de voz, datos de mensajería y otros antecedentes técnicos que permitieron reconstruir la planificación y ejecución del crimen.
A diferencia de otros secuestros, nunca hubo una llamada extorsiva y la víctima fue asesinada entre 24 y 72 horas después de su captura.
