Para el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, el rechazo al desafuero del gobernador Claudio Orrego constituye “una llamada de atención que tenemos que acoger”, pero enfatizó que eso “no necesariamente implica el cierre de ProCultura”.
El fiscal explicó que el fallo no pone término a la investigación, pues la causa continúa con diligencias en curso y el Ministerio Público deberá estudiar el veredicto antes de definir los próximos pasos.
Recalcó, además, que en esta etapa procesal “no estamos hablando de pruebas. Cuando uno habla de pruebas es cuando está frente a un juicio oral”.
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LAVÍN: «HAY INDICIOS SERIOS»
Aparte de ProCultura, Campos se refirió también a la aprobación por parte de la Corte Suprema del desafuero del diputado Joaquín Lavín León. Recordó que eso habilita a la Fiscalía para solicitar medidas cautelares como a cualquier ciudadano.
A su juicio, en ese caso existen “indicios serios” de fraude al fisco por alrededor de 104 millones de pesos, y uso y falsificación de instrumento privado y tráfico de influencias.
“Estamos hablando de una alta corrupción”, recalcó, ya que involucra asignaciones parlamentarias y recursos públicos.
CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
En entrevista con radio Pauta comentó que los ingresos de casos por delitos de corrupción han aumentado en cerca de 10% respecto del período anterior. Lo atribuyó a mayores niveles de fiscalización y a una ciudadanía más informada tras la reforma procesal penal.
En ese sentido, destacó especialmente a la Contraloría General de la República y la Unidad de Análisis Financiero como actores clave en la detección de irregularidades que luego derivan en investigaciones penales.
El fiscal Campos también advirtió sobre la creciente convergencia entre corrupción y crimen organizado.
Afirmó que actualmente ambos fenómenos se analizan de manera conjunta, porque las organizaciones criminales buscan lavar dinero ilícito mediante estructuras institucionales o captando funcionarios públicos.
