«Nos hemos reunido con el fiscal nacional (Ángel Valencia) para revisar las líneas investigativas que proponemos actualmente, y una de ellas es (recurrir a) la Corte Penal Internacional, y por qué no también, solicitar la toma de declaración de él, si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación», dijo el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, respecto de la posibilidad de involucrar directamente a Nicolás Maduro en la investigación sobre el crimen en nuestro país del disidente venezolano Ronald Ojeda.
Se estima que el crimen del exmilitar fue encargado por el régimen del derrocado dictador, que fue capturado y trasladado a EE.UU. tras una operación militar estadounidense en Caracas.
En entrevista con Radio Cooperativa detalló que «no hemos hablado de procesos de extradición respecto de él, porque en la investigación no tenemos algún antecedente directo que lo apunte, como sí los hay en relación con Diosdado Cabello», el número dos del chavismo y ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela.
Lea también: Senado reunirá más antecedentes sobre la polémica de la embajadora Pakarati
Sin embargo, a juicio del fiscal del caso Ojeda Maduro «puede tener información que para nuestra investigación sea relevante, siempre y cuando quiera cooperar. Recordemos que los imputados tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar, así que también (el resultado) es incierto».
Para eso habría que hacer requerimientos «a nivel de Cancillería, en primer lugar, y de ahí se canalizan a través de los Ministerios de Justicia y luego, de los Ministerios Públicos».
CINCO ANTECEDENTES
«El fiscal nacional ha sido claro en el sentido de pedirnos que no escatimemos en realizar ninguna diligencia que queramos realizar dentro del contexto de la investigación, y si no nos va bien, de todas maneras lo vamos a intentar, y por último, habremos hecho todo lo posible por lograrlo», recalcó.
Barros recordó que «tenemos a lo menos cinco antecedentes» que dan cuenta de que Diosdado Cabello «estaría detrás del encargo de estos hechos, y también del pago a la cúpula del Tren de Aragua para efectos de su cumplimiento. Y en ese ámbito, tiene calidad de imputado».
El fiscal puntualizó que «creemos que cuando se toma una decisión de esta envergadura, no hay sólo una persona involucrada. Es un Estado operando adentro de otro Estado a través de una organización criminal».
«Es una decisión que involucra a muchas otras personas, y queremos saber quiénes son», afirmó.







