«No resulta procedente acoger la solicitud de extradición de Pablo Alberto Muñoz Hoffman, a la República de Bolivia», concluyó el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, respecto de la situación judicial del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien se fugó en 1996, hace 28 años, en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad.
En el informe enviado a la Sala Penal del máximo tribunal, al que accedió «El Mercurio», Pizarro fundamentó su postura indicando que «se encuentran actualmente prescritas tanto la acción penal por su presunta participación en los delitos de robo con intimidación y robo con violencia indicados en el auto acusatorio, como la pena a la que fue condenado como autor del delito de asociación ilícita terrorista».
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El juez Edgardo Gutiérrez, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago el único tribunal que opera bajo el antiguo sistema judicial, había solicitado a la Corte Suprema la detención de Muñoz en Bolivia. Este fue uno de los cuatro miembros del FPMR que se escaparon de prisión en 1996.
ORDEN DE DETENCIÓN
INFORME DEL FISCAL
Aunque el informe del fiscal judicial no tiene carácter vinculante, su resolución será clave.
ARGUMENTOS DEL FISCAL
«En cuanto al tiempo requerido, en este caso corresponde al de cinco años por tratarse de una pena de simple delito, conforme al artículo 97 del mismo cuerpo de normas citado. No obstante, habiéndose encontrado el sentenciado en el extranjero, su cómputo se debe realizar en la forma establecida en el artículo 100 del código sustantivo, por lo que para que opere la prescripción, se requiere el transcurso de diez años a contar del quebrantamiento de la condena», afirmó.
El documento añadió que no existen antecedentes sobre condenas posteriores que pudieran interrumpir el plazo de prescripción, según los extractos de antecedentes remitidos por el tribunal solicitante.
En consecuencia, dado que desde el 31 de diciembre de 1996 han pasado más de 28 años, la pena se considera prescrita bajo el ordenamiento jurídico chileno.
CORTE SUPREMA
Además, el fiscal judicial señaló a la Corte Suprema que, según el acuerdo sobre extradición mencionado por el juez requirente, el artículo 20, número 2, establece que, para proceder con la extradición para la ejecución de una sentencia, el tiempo restante de condena debe superar los seis meses.
En este caso, dicho requisito podría no cumplirse debido a la duración de la condena, la fecha de la evasión y el tiempo de privación de libertad que se abonó a la pena impuesta.
