Hay una querella en su contra, por lo que la primera autoridad del país tiene calidad de imputado, explicó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, sobre la declaración que debería hacer el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de la investigación por eventuales delitos en la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado.
El persecutor aclaró que maneja información de que el Mandatario “va a declarar y va a prestar colaboración” en el caso.
“No está obligado a responder, porque tiene derecho a guardar silencio”, explicó en entrevista con Radio Duna.
#HablemosEnOff | Patricio Cooper sobre fallida compra de Allende: «Tengo que la información de que el Presidente Boric va a declarar y va a prestar colaboración»
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— Radio Duna (@RadioDuna) March 14, 2025
El fiscal Cooper explicó que el artículo 23 del Código Procesal Penal establece que durante la fase de iinvstigacón el Ministerio Público puede citar a declarar a personas e incluso solicitar su detención si no comparecen.
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“Pero hay ciertas personas revestidas de autoridad, entre las cuales está el Presidente de la República, el expresidente de la República, los senadores, diputados, los ministros, el fiscal nacional, el contralor general, los comandantes en jefe, o sea, una serie de personas que no se les puede citar durante la fase de investigación, sino que solamente por un tribunal de la garantía, pero se les hace una invitación», detalló.
«A esa persona indica en la invitación fecha y hora para prestar declaración, que puede no ser en dependencia del Ministerio Público sino que en su domicilio o su lugar de trabajo”, agregó.
LA QUERELLA
La declaración del Presidente de la República deriva de la denuncia y querella presentada en enero de este año por la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano, para que se investigue la fallida adquisición del inmueble de Salvador Allende a una de sus hijas y a una sobrina, a su vez una ministra y una senadora, impedidas constitucionalmente de celebrar contratos con el estado.
En ella se responsabiliza directamente al Mandatario por las acciones que realizó previo a la cuestionada compra.
“Se ha hablado mucho de en qué calidad va a declarar el Presidente de la República; bueno, va a declarar en calidad de imputado porque está querellado», puntualizó Cooper.
«Si la querella es nominativa, la querella se presentó por un tercero en contra del Presidente de la República. Por lo tanto, quiero despejar eso. Es imputado por resguardar su derecho como cualquier persona, porque él es la persona querellada”, agregó el persecutor.
«INVESTIGACIONES COMPLEJAS»
El persecutor aclarró sobre la investigación de la fiscalía que «si hay indicios de un tráfico de influencias o no, no puedo indicar en este momento, porque se han tomado muchas declaraciones respecto a personas que están en el ministerio de Cultura, en el ministerio de Bienes Nacionales, en la Presidencia, etcétera».
Especificó que es una posibilidad que haya existido alguna irregularidad en la premura con que se ejecutó la operación y que se vincularía a un tema presupuestario.
Asimismo, descartó que la compra se haya visado con una tasación inflada.
Luego declinó referirse más a los detalles de la indagatoria, porque “son investigaciones complejas”.
Sí reiteró que al Presidente de la República se le invitó a declarar, quelo hará como imputado «y tengo, digamos, información de que va a declarar y prestar la cooperación”.
