La fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, explicó que lo que dio origen a la incutación en el GORE de la región Metropolitana (RM) es la investigación del delito de fraude al fisco y que el gobernador Claudio Orrego «tiene la calidad de imputado».
Esto, a raíz del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que cuestionó el uso de recursos de la gobernación Metropolitana,
«El día de hoy se llevó a cabo un procedimiento de incautación tanto de dispositivos telefónicos, de correos electrónicos desde el servidor del gobierno regional. También nos llevamos una serie de archivos y otros documentos que tienen relación justamente con la materia investigada vinculada al informe de Contraloría que tiene relación con el coaching que se habría pagado por parte del gobierno regional», explicó la persecutora.
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«La diligencia la verdad es que se llevó a cabo de manera voluntaria. Se había hecho la solicitud al tribunal; sin embargo, no ha sido resuelta y no fue necesario, ya que se proporcionaron todos los antecedentes que eran necesarios: correos electrónicos, autorizaciones y se extrajo la información directamente del servidor. Por lo tanto, ya tenemos toda la información que necesitamos para poder investigar», añadió.
La fiscal también comentó que, aparte del gobernador, otros diez funcionarios del GORE de la RM entregaron dispositivos e información de manera voluntaria.
Ellos «proporcionaron toda la colaboración parte del equipo directivo completo del gobierno regional, todos aquellos que aparecen también mencionados en estas minutas de coaching que se habrían efectuado con platas del gobierno regional», detalló.
ORREGO: FUE VOLUNTARIO
Por su parte, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo que «en el marco de nuestra colaboración con el Ministerio Público para poder esclarecer todos los temas relativos al informe de Contraloría, en el día de hoy de manera voluntaria y coordinadamente con el mismo hemos hecho entrega de nuestros celulares y también computadores».
Recalcó que «aquí no ha habido ninguna orden judicial. Lo hemos hecho de manera voluntaria, porque queremos que esto se esclarezca a la brevedad y porque tenemos la certeza que esta investigación va a comprobar que hemos actuado siempre correctamente y conforme a derecho».
