Ante reiteradas filtraciones en investigaciones penales de alto perfil, como los casos Audio, Monsalve y Convenios, el Fiscal Nacional Ángel Valencia emitió un oficio dirigido al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
En este documento detalla una serie de medidas destinadas a proteger la confidencialidad de la información y prevenir accesos no autorizados en los procesos judiciales.
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Valencia resaltó que es fundamental reforzar el manejo seguro de datos en las investigaciones, ya que este tema ha sido crucial desde la implementación del sistema procesal penal.
«La necesidad de resguardar adecuadamente la información ha sido un eje central del debate desde los inicios del nuevo sistema», señaló en el oficio.
Medidas para un manejo seguro de la información
En el Oficio FN Nº 983/2024, emitido el 16 de octubre, se establecieron lineamientos para la gestión de información en casos complejos. Entre las disposiciones se incluyen regulaciones sobre la entrega de copias, la solicitud de diligencias y el tratamiento de datos personales relacionados con las investigaciones.
«El adecuado manejo de información es esencial para la eficacia en la persecución penal y la protección de derechos fundamentales», afirmó Valencia.
NUEVAS RESTRICCIONES EN EL ACCESO A LA CARPETA INVESTIGATIVA
El instructivo exige justificar y gestionar las solicitudes de acceso a las carpetas investigativas mediante el correo institucional.
Además, establece programar la revisión de documentos tras una evaluación previa.
Estas medidas buscan asegurar que al compartir información con intervinientes o terceros no se vulneren derechos fundamentales, como las garantías de las víctimas y el derecho a la defensa.
Valencia reconoció que recientes casos como el de Monsalve han evidenciado la necesidad de fortalecer los controles internos y destacó que ya se investigan posibles accesos indebidos a los sistemas informáticos del Ministerio Público.
«Se han nombrado fiscales regionales para liderar estas indagaciones», añadió.
AVANCES TECNOLÓGICOS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
El Ministerio Público ha implementado herramientas de trazabilidad para controlar quién accede, modifica o copia información sensible. Desde el segundo semestre de 2024, se instaló un software de protección de datos (DLP) en todas las estaciones de trabajo del organismo, lo que permite registrar el uso de archivos confidenciales.
Además, se incorporó un sistema de autenticación de doble factor para accesos remotos mediante VPN, con claves de un solo uso enviadas a dispositivos móviles.
PROPUESTAS DE REFORMA LEGAL
En su oficio, Valencia comparó las prácticas chilenas con los sistemas de Common Law, como los de Estados Unidos e Inglaterra, que aplican restricciones estrictas sobre el acceso a información sensible.
En línea con esto, propuso modificar el artículo 260 del Código Procesal Penal para exigir autorización judicial en la entrega de antecedentes sensibles y reforzar penalmente el carácter secreto de las investigaciones.
«Debemos aprender de estas experiencias internacionales y adaptar nuestro sistema para fortalecer la seguridad de las investigaciones penales», señaló Valencia.
Planteó establecer criterios claros para identificar qué información puede compartirse sin poner en riesgo el proceso.
EQUILIBRIO ENTRE CONFIDENCIALIDAD Y DERECHO A LA DEFENSA
Las nuevas medidas buscan garantizar un balance entre el derecho a la defensa y la protección de víctimas y testigos.
Según Valencia, este enfoque permitirá avanzar hacia un sistema más seguro y eficaz en la persecución del delito.
