El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que la Fiscalía evalúa solicitar la colaboración del Departamento de Justicia estadounidense para interrogar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actualmente detenido en ese país, en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato en Chile del exmilitar Ronald Ojeda.
La indagatoria la dirige el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y la diligencia fue planteada como una posibilidad relevante durante una reunión de análisis realizada en la Fiscalía Nacional.
Valencia explicó -durante una visita a la región del Biobío- que el persecutor a cargo del caso «nos señaló que dentro de las diligencias que estimaba necesarias estaba considerar la actual situación de detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, con el fin de requerir cooperación del Departamento de Justicia para que se pudiera tomar declaración a esta persona”.
Lea también: Fiscal Barros: Diosdado Cabello habría pactado crimen de Ronald Ojeda
La idea ha sido planteada en diversas ocasiones por Barros, para quien el móvil político y la participación de agentes el Estado en el crimen del disidente venezolano es la principal hipótesis investigativa.
“Diosdado Cabello (número dos del régimen de Maduro) habría sido quien encargó o quien negoció, en el fondo, con la cúpula máxima del Tren de Aragua -que era Niño Guerrero en ese momento- y habría sido además quien pactó y realizó el pago por este encargo”, dijo el fiscal en conversación con Radio Pauta.
Actualmente hay más de diez detenidos en Chile por el crimen de Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, cuando este fue secuestrado desde su departamento en la comuna de Independencia y luego asesinado. Entre ellos está Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, líder de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua en Chile.
Comparte la teoría del fiscal Barros el abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia del militar venezolano, para quien la diligencia es coherente con las acciones judiciales impulsadas tanto en Chile como ante la Corte Penal Internacional.
