El fiscal nacional, Ángel Valencia, propuso destrabar la discusión parlamentaria sobre el alzamiento del secreto bancario de las instituciones públicas como estrategia para combatir las rutas del dinero del crimen organizado y la trata de personas.
A su juicio, debería incluir a ministerios y la Contraloría General de la República, y debería ser automático. Lo mismo para corporaciones o fundaciones sin fines de lucro —por los beneficios tributarios que reciben— y para las grandes sociedades anónimas, y que organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) deberían contar con facultades de acceso más ágiles.
“Hemos sostenido de manera casi majadera que a veces esta discusión se ha distraído casi obsesivamente a la regulación de la protección del secreto bancario respecto de personas naturales”, planteó Valencia en entrevista con radio Universo.
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En ese sentido cuestionó al respecto “cuál es la intimidad que tienen las corporaciones municipales, los municipios, las empresas del Estado o los ministerios en sus cuentas corrientes”.
“No advertimos que haya una privacidad equivalente a la que tenemos nosotros en nuestras vidas personales”, dijo el jefe del Ministerio Público.
«ES ILEGIBLE»
Valencia desmitificó que el principal problema para seguir la ruta del dinero sean las negativas de los jueces para autorizar las revisiones de cuentas corrientes.
«El principal problema tiene que ver con la rapidez y la oportunidad con la que los bancos nos entregan la información», aseguró.
«Es ilegible la cantidad de tiempo que perdemos tecleando y transcribiendo información», dijo sobre las dificultades que enfrentan al perseguir al crimen organizado.
Recordemos que la discusión sobre el levantamiento administrativo del secreto bancario estuvo esta semana en la agenda porque en el Senado esa parte del proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica no obtuvo acuerdo. De hecho los parlamentarios empataron dos veces en la votación y ahora está en tabla para el próximo martes.
Además, la discusión ha estado cruzada por la llamada Operación Tokio, en la que fue detenido José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo bancario de origen venezolano que movió hacia el extranjero $78 mil millones derivados de actividades ilícitas del Tren de Aragua en Chile.
