Política

Fiscalía abre causa por desinformación digital

Cristian Navarro H.

Periodista

Foto: Agencia Uno
Más allá de lo judicial, el caso instala un debate de fondo: cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla electoral,

La decisión de la Fiscalía Nacional de acoger la denuncia presentada por parlamentarios oficialistas contra supuestas redes de desinformación ligadas al Partido Republicano marca un nuevo hito en la relación entre política, justicia y tecnologías digitales. La indagatoria, que quedará en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso bajo la dirección de Claudia Perivancich, busca esclarecer si detrás de los ejércitos de bots denunciados se esconden delitos informáticos, asociación ilícita o eventuales prácticas de manipulación política.

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LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL CASO

Más allá de lo judicial, el caso instala un debate de fondo: cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla electoral, donde la propaganda digital puede transformar la opinión pública en cuestión de horas. Lo relevante no solo será determinar la eventual responsabilidad penal de dirigentes como José Antonio Kast —candidato presidencial de Republicanos— o Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, sino también establecer hasta qué punto la política chilena ha incorporado métodos de guerra sucia digital ya observados en otros países.

DENUNCIAS Y ADVERTENCIAS

El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue tajante: “No vamos a permitir que la mentira se instale como forma de hacer política en Chile”, subrayando que las redes de cuentas falsas buscan manipular a la ciudadanía. Su par Daniella Cicardini complementó señalando que lo denunciado podría constituir delitos graves, en tanto Daniel Melo advirtió que “la democracia no puede ser rehén” de estrategias digitales que deforman la realidad.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA INSTITUCIONALIDAD

La causa podría convertirse en un precedente para el rol de las instituciones frente a la desinformación en tiempos electorales. De confirmarse las denuncias, el Ministerio Público enfrentará el desafío de probar la existencia de redes organizadas con fines políticos, lo que abriría la puerta a sanciones inéditas en el país.

La investigación, además, llega en un momento en que Chile se prepara para un ciclo electoral intenso, donde la confianza en la información será clave para resguardar la legitimidad democrática.

 

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