Lo que parecía un gesto obvio de un abogado representante de una de las partes involucradas en una querella encendió las alarmas en el Ministerio Público: el legista en cuestión -en este caso Eduardo Lagos- cumple prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde los internos no están autorizados a acceder a medios tecnológicos como un computador y -menos- a internet.
Recapitulemos: en noviembre pasado el penalista fue formalizado en la trama bielorrusa y luego quedó sujeto a la medida cautelar más severa junto con su colega Mario Vargas y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Desde entonces a la fecha permanece recluido.
Sin embargo, el pasado 27 d enero adhirió a nombre de la empresa Best Quality a “la acusación fiscal formulada por el Ministerio Público en contra del imputado don Óscar Daniel Jadue Jadue”, exalcalde de Recoleta, en el contexto del caso Farmacias Populares.
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El punto no es si puede o no mantener representación de clientes mientras esté privado de libertad -que sí puede- sino que tenga los medios para redactar y cargar un escrito en las plataformas del Poder Judicial, porque eso no puede.
Por lo mismo, Marcelo Cabrera, fiscal del caso donde se imputa al exjefe comunal, requirió al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que se verifiquen las condiciones en que Lagos cumple prisión preventiva y requirió oficiar al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, para que informe y remita la documentación oficial respecto a las condiciones de reclusión del abogado.
Tras la autorización de la jueza Pamela Muñoz el 12 de febrero recién pasado, Gendarmería deberá informar si Lagos cuenta con autorización oficial de la jefatura de la unidad o de la Dirección Regional para poseer y utilizar, de forma particular y en sus respectivas celdas o módulos, dispositivos electrónicos tales como un computador portátil, tablets o celulares.
De ser así, que se informe si puede acceder a conexión a internet y bajo qué medidas de seguridad o vigilancia se realiza dicho acceso.
Como otra alternativa es que haya sido autorizado a usar los equipos de Gendarmería, con qué finalidad y con qué frecuencia está autorizado para hacerlo, y que se adjunte copia íntegra de la resolución exenta o el acto administrativo que otorgó ese beneficio o permiso, de acuerdo con las facultades que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios confiere al jefe de la unidad penitenciaria.
