El fiscal nacional Ángel Valencia ordenó la apertura de una causa penal por la divulgación de la identidad de 57 testigos protegidos y agentes encubiertos que permitieron la caída de la célula del Tren de Aragua, Los Gallegos.
La indagatoria está dirigida «contra quienes resulten responsables», sin imputar a nadie en particular, sin embargo, es claro que quien autorizó tamaña medida de exponer la vida e integridad de los testigos reservados y sus familias, apunta principalmente al juez Héctor Barraza.
ABREN INVESTIGACIÓN
La Fiscalía Nacional ordenó la apertura de una investigación por la entrega de las identidades de testigos protegidos que han colaborado en la causa penal contra el grupo mafioso denominados «Los Gallegos», célula en nuestro país del «Tren de Aragua» una peligrosa banda internacional.
La orden del juez de permitir la divulgación de antecedentes personales que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias, hoy coloca al propio magistrado como sujeto de interés en la investigación.
Fiscalía investiga entrega de identidad de testigos protegidos en causa contra Los Gallegos, y busca aplicar artículo 246 bis del Código Penal que castiga a servidores públicos que revelen hechos ventilados en un procedimiento judicial que esté bajo reserva.
EVENTUALES SANCIONES
Dicha norma sanciona: «ART. 246 BIS. El funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno o más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio o disciplinario en el cual le hubiere correspondido intervenir bajo un deber de reserva será sancionado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales».
Y continúa: «Si la información a que se refiere el inciso anterior fuere la de la identidad del denunciante, la pena será de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales».
El presidio menor en su grado medio, es una pena que va desde 541 días a 3 años y un día y que en su tramo mínimo va desde 541 días a 818 días y en su tramo máximo va desde 819 a 1.095 días.
Por su parte, presidio menor en su grado máximos, es una pena que va desde tres años y un día a 5 años y que en su tramo mínimo va desde 1.096 días a 1.461 y en su tramo máximo desde 1.462 a 1.825 días (…).
ASUME FISCAL
La indagatoria quedará en manos del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, según da cuenta un comunicado emanado desde el Ministerio Público.
“A partir de este momento me abocaré a hacer las diligencias que corresponden”, aseguró el persecutor Arancibia, señaló el persecutor, pues ya la Fiscalía investiga entrega de identidad de testigos protegidos en causa contra Los Gallegos.
Arancibia será el encargado de “dirigir esta indagatoria y ejercer la acción penal si corresponde, además de garantizar la protección de las víctimas y testigos, en caso de ser necesario y procedente”, señala la comunicación.
NO DEJÓ ALEGAR A FISCALÍA NI INTERIOR
Los hechos se desencadenaron el pasado miércoles, en medio de una audiencia de cautela de garantías en la que se debatió la entrega de las identidades de 57 testigos y funcionarios policiales que han prestado ayuda en la causa, solicitado por la defensa.
«Yo ya me cansé (…) No voy a volver atrás con la discusión. Me lo evacúan o yo resuelvo con lo que me dijeron las defensas».
El juez Héctor Barraza, del Juzgado de Garantía de Arica, reaccionó de esa manera contra los fiscales y los dejó sin la posibilidad de alegar, en la causa penal contra la banda “Los Gallegos”, célula del Tren de Aragua, cuyos miembros están formalizados por delitos que van desde la extorsión al homicidio.
En la señalada oportunidad, el juez Héctor Barraza (imágen) negó el alegato al fiscal titular de la causa del clan “Los Gallegos” al no estar «presencialmente» en el tribunal», pero sí lo estaba vía temática, por medida de protección.
Como consecuencia de ello, el Ministerio Público debió enviar a otro persecutor, tras un receso, a explicar que su par estaba autorizado para conectarse a la audiencia de forma telemática. Aún así, ello no fue atendido por el juez que presidía la audiencia de cautelar, quien lo restó de la audiencia.
¿QUÉ LE PASÓ AL JUEZ?
LUego, Barraza accedió a la solicitud de las defensas de los imputados y dio lugar a que la identidad de testigos y agentes encubiertos de las policías que han servido para ir desmantelando a la peligrosa red criminal que opera en el norte, fuera entregada a los abogados de los criminales.
Conocida la irresponsable decisión judicial, esta fue rápidamente impugnada por el Ministerio Público vía recurso de Protección. Interpuso en el intertanto, una solicitud de ONI (Orden de No Innovar), lo que la Corte de Apelaciones de Arica, acogió en falló unánime. https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/corte-freno-entrega-de-nombres-de-testigos-protegidos-a-defensores-del/2023-09-14/114105.html
No obstante, y aunque debía esperarse el resultado de la acción del Ministerio Público, el sobre conteniendo las identidades, fue entregada a al menos dos abogados de la Defensoría Penal Pública (DPP) tuvieron acceso a la información catalogada como altamente sensible.
DEFENSA RECONOCE TENER LAS IDENTIDADES
“En el contexto del recurso de protección (…) en contra de la decisión del juez (…) de dar acceso a la defensa a las identidades de testigos protegidos, resulta importante aclarar que la información ha sido entregada a defensores penales públicos», reconoció el defensor regional, Sergio Zenteno.
Y agregó que “la misma será manejada de manera seria y responsable, resguardando -en todo momento- su confidencialidad como la obligación ética y legal que tiene todo interviniente en el proceso penal”.
La tormenta estaba desatada. Ello, más allá de la eventual responsabilidad del magistrado, pues el nombre de los testigos, agentes encubiertos y los datos para identificar a sus respectivas familias, está, presúntamente, en manos de la mafia.
MINISTRO DE JUSTICIA ENTRA AL RUEDO
La Corte deberá resolver la cuestión de fondo con prontitud, mientras se despliegan medidas que den protección a quienes cuya identidad fue develada de manera legal, pero absolutamente irresponsable y sin criterio. Monsalve aclaró que se estudiarán medidas contra el juez.
“Esta materia se la ha encargado al ministro de Justicia, ya que el Ejecutivo pretende actuar para hacer ver que esta conducta es grave, que no debió haber ocurrido y que tiene que ser impedida”, expuso el subsecretario Manuel Monsalve.
El Gobierno, anunció estar estudiando acciones legales tras la entrega de información de testigos por parte de la Fiscalía de Arica a la Defensoría Penal Pública en la investigación del clan “Los Gallegos”, brazo del Tren de Aragua en Chile.
CONDUCTA GRAVE DEL JUEZ
La autoridad del Ejecutivo valoró positivamente el dictamen de la Corte de Apelaciones que buscaba frenar el traspaso de datos, hecho que, como reconoció la propia Defensoría, no surtió efecto, puesto que la Fiscalía ya había entregado los sobres con la documentación e identidades por orden del juez.
“Esta es una decisión grave porque primero no permitió escuchar a partes como el propio fiscal a cargo que tenía que declarar justamente porque estaba con medidas de protección vía telemática, no se le permitió participar en la audiencia», dijo Monsalve.
«Tampoco se le permitió participar en esa audiencia a los abogados del Ministerio del Interior”, agregó el subsecretario de Interior.
ESTUDIAN SANCIÓN
“Estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el artículo 22 de la Constitución y en el numeral 13 de ese artículo que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial”, advirtió Monsalve.
“Esta materia se la ha encargado al ministro de Justicia, Luis Cordero, pero quiero decir desde, ya que el Gobierno pretende actuar para hacer ver que esta conducta es grave, que no debió haber ocurrido y que tiene que ser impedida”, agregó. Advirtiendo que ignoraba si el juez había sido amenazado.
“No tenemos ningún antecedente que nos indique aquello. Lo que sí tenemos antecedentes es que los fiscales que participan de la causa y testigos que participan de la causa sí había previamente recibidas amenazas por algo. El fiscal está con medidas de protección”, comunicó Monsalve.
