La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente investigará los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República donde detectó un eventual uso irregular de dineros del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano en la campaña por la reelección de Claudio Orrego el año pasado.
Según el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional (UNAC), Eugenio Campos, se decidió enviar los antecedentes a este ente persecutor para que este «ejecute todas y cada una de las diligencias necesarias para determinar la existencia o no de hechos que puedan revestir carácter de delito y en tal caso ejercer la acción penal correspondiente”.
De acuerdo con el Informe Final N° 873 de la Contraloría General de la República, entre enero y septiembre de 2024se identificaron múltiples irregularidades en gastos y contrataciones en la Gobernación Metropolitana.
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Una de ellas es el pago de $31.366.179 por asesorías en “líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.
UN COACHING EN LA GOBERNACIÓN
Según el ente fiscalizador, esas sesiones no habrían abordado «contenidos propios del coaching, como estipulaba el contrato, sino que incluyeron temas relativos a la contingencia política y la campaña de reelección del gobernador».
La Contraloría anunció un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público «para su conocimiento y fines pertinentes».
En concreto, el organismo fiscalizador cuestiona la contratación por $31 millones de una asesoría de coaching directivo que en su detalle de actividades aludía «explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral», en tiempos que Orrego postulaba a otro periodo en el GORE.
Esta mañana Orrego aseguró que «aquí no ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña a la reelección como gobernador».
Reiteró, asimismo, que «la totalidad de mi campaña se financió con los créditos públicos que yo pedí dentro de los plazos establecidos, al Banco Estado y al BICE, por 800 millones de pesos, los cuales fueron debidamente rendidos y también aprobados por el Servel».
