Política

Fiscalía pide 10 años de cárcel para exalcalde Aguilera

Sofía Martínez

Desde 2022, Miguel Ángel Aguilera cumple arresto domiciliario en el marco de una causa en la que se investigan múltiples delitos.

Este miércoles se inició el juicio oral contra el exalcalde de San Ramón y exvicepresidente del Partido Socialista Miguel Ángel Aguilera, a quien se le imputan los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho pasivo.

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El Ministerio Público acusa que el imputado cometió tales delitos mientras era jefe municipal, entre 2012 y 2017.

La Fiscalía pide para Aguilera una pena de 10 años de cárcel y que se pague en multas lo equivalente a lo obtenido de forma ilícita, calculado en alrededor de 283 millones de pesos, en los que el exalcalde incrementó su patrimonio de forma imposible de justificar. Además adquirió una casa de cerca de 500 millones de pesos.

VULNERACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR

Durante los últimos días, se ha denunciado que Aguilera habría vulnerado en reiteradas ocasiones la medida cautelar, obteniendo más de 80 permisos para salir de su domicilio.

Mientras los querellantes cuestionan esta flexibilidad, la defensa descarta irregularidades y asegura que, de haber existido incumplimientos graves, se habría solicitado un cambio en las medidas cautelares.

Desde la Municipalidad de San Ramón, el actual alcalde Gustavo Toro valoró el inicio del juicio, aunque manifestó preocupación por la demora del proceso judicial.

“Llevamos ocho años esperando justicia. Hay plena confianza en las pruebas y el trabajo de la Fiscalía, pero también hay preocupación por una posible prescripción debido al tiempo transcurrido“, comentó.

LA DEFENSA DE AGUILERA

Una de las líneas de defensa presentadas por los abogados de Aguilera es precisamente la prescripción de los delitos. Argumentando que buena parte de los hechos datan de 2013 y fueron formalizados más de cinco años después. La defensa sostiene que “la mayoría de los hechos de la acusación están prescritos”.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público se encuentra la compra de una vivienda de más de 300 millones de pesos. Cuyo pie —más de 115 millones— habría sido pagado en efectivo, lo que, según la Fiscalía, no se condice con los ingresos lícitos del exalcalde.

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