La investigación en torno a los convenios suscritos entre la Gobernación Metropolitana y la fundación ProCultura escaló a un nivel decisivo. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, solicitó al pleno de la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco de la indagatoria por presunto fraude al Fisco y cohecho.
UN GIRO EN EL CASO CONVENIOS
Hasta hace algunas semanas, la propia Fiscalía reconocía que no existían antecedentes suficientes para formalizar al exmilitante democratacristiano. Sin embargo, el requerimiento de desafuero marca un viraje en la estrategia del Ministerio Público y refleja que el caso ProCultura ya no es solo una de las múltiples aristas de los llamados “Líos de Platas”, sino un foco central en la agenda de la fiscalía.
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La petición busca levantar el fuero que protege a la autoridad regional, lo que abriría la puerta a una eventual formalización de cargos. Si la Corte de Antofagasta acoge la solicitud —y la decisión se mantiene en caso de llegar a la Suprema—, el gobernador podría enfrentar medidas cautelares en un tribunal de garantía.
TRANSFERENCIAS BAJO SOSPECHA
El convenio cuestionado se firmó en 2022 por un total de $1.683 millones para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”, impulsado por ProCultura bajo la dirección del psiquiatra Alberto Larraín. El Ministerio Público sostiene que el proceso se realizó por asignación directa y no vía licitación pública, pese a que la fundación no tenía experiencia en salud mental.
Testimonios incorporados a la causa agregan ribetes llamativos: la exdirectora de estudios de la ONG, María Teresa Abusleme, declaró que la idea del proyecto surgió de un encuentro fortuito entre Orrego y Larraín en un aeropuerto.
DEFENSA DE ORREGO: “NO HEMOS SIDO NOTIFICADOS”
El abogado del gobernador, Rodrigo de La Barra, reaccionó a la solicitud de desafuero y emitió una declaración pública. Aseguró que la defensa aún no ha sido notificada ni ha tenido acceso al texto presentado por la Fiscalía.
Precisó que Claudio Orrego declaró voluntariamente en diciembre de 2024 y que desde entonces la defensa entregó todos los antecedentes sobre los programas adjudicados a la fundación, junto con las medidas impulsadas por el Gobierno Regional para recuperar los recursos públicos.
De La Barra reafirmó la inocencia del gobernador: “Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Confiamos en que, una vez conocido el contenido de la solicitud y revisados los antecedentes, quedará acreditado que su actuación se ajustó a derecho y resguardó el interés público”.
El defensor adelantó que entregará mayores detalles apenas se conozcan los pormenores de la petición.
ESCENARIO POLÍTICO Y JUDICIAL ABIERTO
La solicitud de desafuero no solo tensiona la investigación penal, sino que abre un frente político complejo para el gobernador metropolitano. Con la decisión en manos de la Corte de Antofagasta, la situación de Orrego queda suspendida de un hilo: de confirmarse el desafuero, no solo enfrentará cargos formales, sino que también podría ver comprometido su futuro político, en un momento en que el caso Convenios ya ha golpeado transversalmente a distintas autoridades y partidos.
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Defensa de Orrego reafirma su inocencia en caso ProCultura tras solicitud de desafuero en su contra https://t.co/SqZ9L37ijo— CarlosBSassa (@Carloszzasa) September 4, 2025
