La Fiscalía de Antofagasta solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la desaforada diputada Catalina Pérez tras formalizarla por tres delitos de fraude al fisco vinculados a los convenios obtenidos por la fundación Democracia Viva.
Según el Ministerio Público la parlamentaria y los otros tres imputados -su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica-, conformaron una maquinación para acceder a recursos estatales del Programa de Asentamientos Precarios del ministerio de Vivienda “con fines políticos”.
Fueron tres los convenios, por $426 millones, que beneficiaron a la fundación de Andrade. Los dineros se le asignaron para ejecutar proyectos en campamentos de la región.
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“Pérez se puso de acuerdo con el imputado Contreras para que se invitara a la Fundación Democracia Viva para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir contratos fiscales con el programa”, aseguró el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar.
FISCALIA: SABÍA TODO
El persecutor aseguró que Catalina Pérez estaba en conocimiento del contrato de arriendo falso suscrito en julio de 2022 entre Daniel Andrade por Democracia Viva y Cecilia Millán, militante de Revolucionario Democrática, en la calle Ezequiel Fernández de Ñuñoa, “para justificar un domicilio de la fundación y poder realizar el trámite de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos”.
Además, detalló el fiscal, una vez que la diputada se enteró de que la asignación de los fondos estaba siendo cuestionada, le dio indicaciones a Andrade sobre cómo tenía que aparentar que el inmueble arrendado a Cecilia Millán apareciera efectivamente como la sede de Democracia Viva “ofreciendo incluso dinero para cumplir con dicho objetivo”.
Luego, según el relato del persecutor, la imputada “acordó con Daniel Andrade y Carlos Contreras para que estos asumieran la responsabilidad de la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, lo que establecieron como una estrategia para blindar a la parlamentaria”.
De acogerse la medida cautelar solicitada, Pérez se convertiría en la tercera integrante de la Cámara de Diputados que es desaforada y queda privada de libertad, después de Francisco Pulgar y Mauricio Ojeda, y la seguda por el caso Convenios.
