La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó este lunes, luego que la Corte Suprema desaforara a Catalina Pérez, una audiencia de formalización al tribunal de la ciudad en contra de la parlamentaria.
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Allí, el Ministerio Público nortino, encabezado por el fiscal Juan Castro Bekios, imputará a Pérez de delitos de fraude al fisco por su presunta implicancia en los hechos que constituyen el denominado Caso Convenios en su arista Democracia Viva.
«Con esto el Ministerio Público cumple el requisito de procesabilidad para avanzar en la formalización de la parlamentaria por los hechos investigados. Para ello, próximamente se solicitará al respectivo Juzgado de Garantía de Antofagasta la obligación de formalización, ocasión en que la Fiscalía comunicará a la diputada Catalina Pérez los cargos por los cuales está siendo investigada y solicitará las medidas cautelares que corresponden», dijo el persecutor.
«Debo destacar que la sentencia comunicada por los magistrados que integran el máximo tribunal y que además hubo unanimidad en el fallo confirmatorio, permite deducir que los elementos que la Fiscalía ha logrado reducir durante esta investigación satisfacen plenamente los requisitos de la etapa en que nos encontramos, y por tanto existe mérito para continuar con el proceso», agregó.
Por último, Castro Bekios valoró el fallo emanado desde la Corte Suprema: «Esto nos permitirá avanzar a la etapa de formalización en este caso que es de alto interés para toda nuestra sociedad».
LA DEFENSA DE PÉREZ
La defensa de Catalina Pérez aseguró que la resolución de la Corte Suprema «implica que la diputada ha sido desaforada. El desafuero se hará efectivo una vez que la Corte Suprema notifique a la Honorable Cámara de Diputados. Este fallo no implica culpabilidad. Su consecuencia es que la diputada se ausentará de la Cámara y, en materia penal, como siempre lo ha hecho, seguirá colaborando en la investigación que lleva adelante la Fiscalía»
«Ratificamos nuestra convicción de que la diputada es inocente y que jamás ha cometido el delito de fraude al Fisco», sostuvieron los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo.
