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Fiscalía y CDE apelan y piden prisión preventiva para alcalde Chamorro

Sofía Martínez

En enero fue allanado el municipio y el domicilio del alcalde Chamorro, en el marco de una investigación con carácter de reservada.

El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han decidido apelar la decisión que negó las solicitudes de prisión preventiva en el caso Puerto Coronel, que incluye a figuras como el alcalde Boris Chamorro y el exconcejal Eduardo Araya. Mientras que el organismo querellante sostiene que es esencial aplicar la medida más severa, las defensas argumentan que la prisión es innecesaria y desproporcionada.

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El caso Puerto Coronel será revisado por la Corte de Apelaciones de Concepción, tras la impugnación presentada por la Fiscalía y el CDE en respuesta a la resolución del Juzgado de Garantía. Esta situación surge después de que se rechazara la prisión preventiva para los siete acusados de delitos de corrupción, lo que llevó al tribunal a optar por medidas cautelares más leves, como el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. En el caso del contratista Hernán Romero, se desestimó cualquier medida cautelar.

La Fiscalía Regional del Bío Bío ha confirmado que se ha presentado el recurso de apelación, mientras que Georgy Schubert, director del CDE, ha señalado la necesidad de imponer la prisión preventiva, justificando así la apelación.

El CDE ha interpuesto su querella únicamente contra el alcalde Boris Chamorro, el exconcejal Eduardo Araya y algunos exejecutivos de Puerto Coronel, excluyendo a los dos contratistas implicados.

POSICIÓN DE LA DEFENSA

En relación a las apelaciones, el abogado de Araya, Andrés Cruz, ha expresado su preocupación por la estrategia del Ministerio Público de ampliar la red de acusados sin considerar las circunstancias de cada uno, especialmente en lo que respecta a la edad de algunos de los formalizados a quienes se les reclama prisión preventiva.

Por otro lado, Gastón Barril, abogado de Daniel Chamorro, exdirector de Finanzas del puerto, ha calificado de desproporcionada la medida cautelar que se busca imponer, aunque mantiene confianza en los argumentos presentados por el Juzgado de Garantía que rechazó las solicitudes de la Fiscalía y los querellantes.

REVISIÓN DE RECURSOS

Se espera que la Corte de Apelaciones lleve a cabo la revisión de los recursos entre este martes y el viernes, y se prevé que se sumen a la apelación también las posturas de Impuestos Internos y la empresa portuaria involucrada.

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