Este lunes se realizó la primera jornada de formalización del denominado caso “Papaya Gate” en el Juzgado de Garantía de La Serena, donde la exintendenta de Coquimbo y militante UDI, Lucía Pinto, fue imputada por el delito de fraude al fisco por $9.800 millones.
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La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, presentó cargos contra Pinto y su exadministrador regional, José Cáceres, además del gerente general de la inmobiliaria Guayacán, Pablo Bracchitta. A los tres se les atribuye el millonario fraude, mientras que Cáceres enfrenta además una acusación por negociación incompatible.
COMPRA INFLADA DE TERRENOS
El caso se origina en la adquisición de seis lotes de terreno en el sector San Ramón, para un centro deportivo que reemplazaría instalaciones perdidas por la construcción del nuevo hospital de La Serena. El Gobierno Regional de Coquimbo pagó más de $9.800 millones, pese a que su valor comercial no superaba los $4.000 millones.
Aunque la Contraloría General de la República rechazó reiteradamente los contratos, la entonces intendenta firmó el acuerdo de compraventa en una notaría sin tomar razón del ente contralor, lo que abrió la puerta a la investigación penal.
VÍNCULOS OCULTOS Y PERJUICIO FISCAL
Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que José Cáceres mantenía vínculos comerciales desde 2016 con socios de la inmobiliaria Guayacán, situación que ocultó mientras participaba en la operación de compra. La fiscal Perivancich calificó la decisión de adquirir los terrenos como “irracional”, debido al alto costo y al perjuicio económico generado.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Claudio Reveco, detalló que tanto Cáceres como Pinto estaban al tanto de estos vínculos y del sobreprecio de la operación, lo que no impidió que el proceso siguiera adelante.
MEDIDAS CAUTELARES Y EXCLUSIONES
La Fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Pinto, Cáceres y Bracchitta. Para los empresarios Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y Luis Iver, imputados por delitos tributarios, se pidió firma mensual y arraigo. El Consejo de Defensa del Estado solicitó prisión preventiva para todos los imputados, petición que respaldó el senador comunista Daniel Núñez.
Sin embargo, la jueza Carolina Baroncini resolvió excluir a Núñez y al concejal Camilo Araya como querellantes, al considerar que sus intereses ya estaban cubiertos por el Ministerio Público y el CDE.
Finalmente, el tribunal autorizó a Nicolás Bakulic a salir del país hasta el 30 de junio, bajo caución de $10 millones. Este martes continuará la audiencia para resolver las cautelares y definir el plazo de investigación.
Hoy termina la formalización por el Papaya Gate y solo esperamos justicia y penas ejem0lificadoras para ex autoridades que malversación fondos públicos. Comparto parte de nota en TVN Red Coquimbo pic.twitter.com/E6u9BX1yuC
— Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) May 27, 2025
