Política

Fracasa conciliación con denunciante de Monsalve

Cristian Navarro H.

Periodista

Monsalve sumario
Foto: Agencia UNO
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó la última propuesta de conciliación presentada por la mujer que denunció al exsubsecretario del Interior

La justicia chilena reactivará la tramitación de la demanda de tutela laboral interpuesta por la exasesora de Manuel Monsalve, luego de que fracasaran las tratativas de conciliación con el Estado. La mujer, quien en octubre de 2023 acusó al exsubsecretario del Interior de graves agresiones sexuales, sostiene que sufrió vulneraciones a sus derechos fundamentales mientras prestaba servicios a honorarios para el Ministerio del Interior.

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El Consejo de Defensa del Estado, que representa al Ejecutivo, rechazó la propuesta final presentada por la denunciante. Esta incluía una indemnización, la renovación de su contrato hasta 2026 y el financiamiento de su tratamiento psicológico y psiquiátrico. Tras el quiebre de las negociaciones, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago fijó para el 24 de septiembre la primera audiencia del caso.

CRÍTICAS POR DESPROTECCIÓN A TRABAJADORA A HONORARIOS

La defensa de la denunciante, representada por los abogados Romina Urzúa y Rodrigo Azócar, acusa que el Estado no resguardó la integridad de su clienta ni ofreció mecanismos de protección eficaces tras la denuncia contra Monsalve. La mujer, de 32 años, atraviesa una situación crítica: no ha recibido remuneración en el último mes, la Compin le rechazó sus licencias médicas y carece de redes de apoyo económico.

El CDE rechazó el acuerdo argumentando que, al tratarse de una trabajadora a honorarios, no corresponde aplicarle normas de protección laboral formal.

Según la defensa, esto deja a su representada sin garantías ni reparación, pese a que los hechos denunciados ocurrieron en contexto laboral.

“El CDE insiste en prolongar el conflicto antes que avanzar hacia una reparación”, afirmó la abogada Romina Urzúa. La demanda, presentada en febrero de este año, exige al Estado medidas concretas para prevenir que casos similares vuelvan a ocurrir en la administración pública.

 

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