Una conversación telefónica interceptada por el Ministerio Público ha generado una nueva arista en el caso que involucra a la fundación Procultura. En la grabación, se atribuye al director ejecutivo de la entidad, Jorge Larraín, la frase: «Gasté esta plata en la campaña de Boric», lo que podría evidenciar eventuales aportes irregulares a la política.
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El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, mencionó el diálogo entre una colaboradora a quien le debían dinero y la cofundadora de la fundación, Ilonka Csillag, como parte de los antecedentes que motivaron la solicitud de interceptaciones telefónicas.
Según Csillag, Larraín habría justificado el no pago con ese argumento.
FISCALÍA
La Fiscalía considera que esta declaración podría tener relevancia penal en el contexto de financiamiento político indebido, específicamente en la campaña presidencial de 2021. La situación ha sido vinculada a un presunto «enriquecimiento ilícito» y a un eventual uso de fondos públicos destinados a convenios con la Subsecretaría de Evaluación Social.
De acuerdo con Cooper, Procultura mantuvo una relación directa con autoridades de gobierno, incluso después de iniciada la administración del presidente Gabriel Boric, con un incremento notable de convenios firmados en el periodo actual.
Según los antecedentes, los montos asociados superan los $3.100 millones desde 2022.
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Además, en las escuchas telefónicas se evidenciaría una estrecha relación entre Larraín y asesores del gobierno, incluyendo contactos con el entonces jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, y María Nájera, integrante del gabinete de Irina Karamanos.
El presidente Boric reconoció que tuvo relación con Larraín, señalando que intercambiaron mensajes y que en su momento compartieron inquietudes sobre infancia y juventud.
Sin embargo, enfatizó que las decisiones gubernamentales se ajustan estrictamente a criterios técnicos.
El Ministerio Público continuará con las indagatorias para determinar si existieron delitos relacionados con malversación de fondos públicos y financiamiento ilegal de campañas, mientras el Gobierno ha asegurado colaboración total con la justicia.
