La bancada del Frente Amplio presentó un oficio ante la Contraloría General de la República para que revise la legalidad de instrucciones que habría impartido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Programa de Derechos Humanos, las que, degún denunciaron, limitarían la participación de sus abogados en procesos judiciales ligados al cumplimiento de condenas por delitos de lesa humanidad.
Las y los parlamentarios sostienen que la medida podría afectar el mandato legal del programa y abrir un debate sobre eventuales beneficios penitenciarios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, solicitaron un pronunciamiento jurídico del ente contralor.
CUESTIONAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
En el requerimiento, el bloque oficialista argumentó que los órganos del Estado deben actuar dentro de las competencias que les fija la ley, conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución. Bajo esa lógica, advierten que una instrucción administrativa no podría restringir funciones judiciales que la normativa ya entrega al Programa de Derechos Humanos.
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Además, remarcaron que Chile mantiene obligaciones internacionales en materia de investigación, sanción efectiva y cumplimiento de penas en casos de violaciones graves a los derechos humanos, lo que exigiría un estándar reforzado de revisión sobre cualquier decisión administrativa en esta materia.
JAVIERA MORALES: “NO PUEDE HABER IMPUNIDAD”
La diputada Javiera Morales, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó duramente la decisión atribuida al Ejecutivo. “Es preocupante que este Gobierno crea que el Ministerio de Justicia funciona como oficina de abogados para sus amigos en Punta Peuco”, afirmó. Agregó que la cartera “tiene la obligación de defender y garantizar los derechos humanos, no de defender a condenados por delitos de lesa humanidad”.
LO QUE PIDE EL OFICIO
El Frente Amplio solicitó a Contraloría determinar si las instrucciones ministeriales se ajustan a derecho, si pueden limitar atribuciones legales del programa, si corresponde someterlas a control preventivo o posterior, e incluso si procede invalidarlas en caso de estimarse ilegales.
Las y los diputados afirmaron que el pronunciamiento del organismo será clave para despejar dudas y asegurar que ninguna directriz interna termine favoreciendo escenarios de impunidad en crímenes de lesa humanidad.
