Esta semana, una nueva polémica ha sacudido al círculo del presidente electo, José Antonio Kast. En concreto, Romina Garrido, a quien presentó como su futura subsecretaria de Telecomunicaciones, fue denunciada ante la Contraloría. Esto, por mantener un triple contrato con entes públicos, además haber tenido una deuda por licencias médicas no reintegrada por 4 años.
Cabe precisar que, de acuerdo con lo revelado por CIPER, la acción en contra de Garrido fue presentada el pasado 24 de febrero por eventuales faltas administrativas.
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DENUNCIA ANTE CONTRALORÍA CONTRA SUBSECRETARIA
En el escrito, se pide aclarar si existió superposición de jornadas laborales. Esto, luego que la funcionaria prestara asesorías simultáneamente a las subsecretarías de Salud Pública, Transporte y Telecomunicaciones. Las cuales, podrían sumar una inusual jornada de 17 horas diarias.
A ello se suma el cuestionamiento sobre si pudiera constituir una falta administrativa que Garrido haya mantenido una deuda fiscal durante cuatro años por licencias médicas no reintegradas. Esta habría sido saldada recién días antes de ser anunciada por Kast para el cargo de Subsecretaria de Telecomunicaciones.
Asimismo, se solicita esclarecer si existe conflicto de interés en el hecho de que Garrido asesoró la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales. Esto, aún cuando ella mantenía una sociedad comercial dedicada a materias tratadas en el proyecto, consigna el citado medio.
INFORME SOBRE GARRIDO RECIBIDO POR LA OPE
Por otro lado, el artículo asegura que hubo un informe que presuntamente habría circulado en la oficina de José Antonio Kast. El cual, en el apartado 6.2 de la página 39 se titula “Recomendaciones Operativas (OPE)”. Aquello realizaba sugerencias al equipo del presidente electo, como la siguiente:
“Ante la contundencia de la evidencia de incompatibilidad estratégica, técnica, ética y política. Se sugieren los siguientes cursos de acción graduados para la Oficina del presidente electo, orientados a la mitigación de daños: Considerar la reubicación inmediata de Romina Garrido en un cargo técnico de segunda línea. Más afín a su perfil académico y menos expuesto políticamente ni operativamente”.
Pese a ello y las consultas, desde la OPE indicaron a CIPER que dicho informe “no tiene nada que ver” con ellos. Sin embargo, no precisaron si el documento fue o no recibido.
TRES CONTRATOS EN SIMULTÁNEO CON EL ESTADO
En cuanto a los tres contratos que, según la denuncia, mantuvo Garrido al mismo tiempo en entidades públicas, se detalla que el primero se remonta al 1 de enero de 2017. En esa fecha habría firmado un acuerdo con la Subsecretaría de Salud Pública que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 como asesora jurídica.
Paralelamente, el 2 de mayo de 2018 dio pie a otro contrato a honorarios con la Subsecretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Este finalizó el 31 de diciembre de 2022.
Respecto al tercer contrato, entre el 9 de mayo y el 31 de octubre de 2019, Garrido mantuvo otra relación contractual con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Lo anterior, por asesorías en materias relacionadas con el estudio, análisis, desarrollo y tramitación de normas vinculadas a la Televisión Digital (TVD).
Cabe precisar que la denuncia ingresada ante Contraloría apunta también a que la funcionaria habría mantenido una deuda fiscal con la Subsecretaría de Transporte. La cual, estaba relacionada a licencias médicas que no fueron reintegradas, por un monto de $871.458 desde 2022.
Aquella deuda, según la acusación, indica que dicha suma fue pagada recién en febrero de este año. Esto, apenas días antes de que el presidente electo José Antonio Kast la presentara como su futura subsecretaria de Telecomunicaciones.
