El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se niega a catalogar de «crisis» la situación por la que atraviesa Gendarmería tras la liberación errónea de ocho reos en los últimos siete meses y la revelación de diversos casos de corrupción interna al interior de la institución, aunque sí reconoce que «tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario y estamos en un punto de inflexión».
El secretario de Estado aseguró que «no es que antes nunca haya ocurrido: «De hecho, yo tengo las estadísticas de las libertades mal otorgadas y lamentablemente este es un problema que tiene Gendarmería», planteó en entrevista con Cooperativa.
«No podemos descartar ninguna hipótesis en estos casos, ninguna. Debe ser el Ministerio Público el que determine si hay o no hay dolo, si hay o no hay corrupción o si es negligencia inexcusable», agregó.
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Además, Gajardo defendió el uso de la palabra «sabotaje» para referirse al tema, por la cual las asociaciones gremiales han solicitado su renuncia y por la cual el presidente electo, José Antonio Kast, advirtió que «nunca hay que hablar mal» de las instituciones.
«Lamentablemente, nosotros no realizamos nuestro trabajo para complacer a ciertas personas. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que necesita la institución», dijo el ministro.
«No se trata de que uno hable mal de una institución o no. Lo que uno tiene que hacer es enfrentar los problemas que tiene la institución, y cuando nosotros decimos ‘hay que proteger la institución de los fenómenos que han ocurrido en otros lugares de América Latina’, precisamente (se debe a que) a través de la corrupción se han cooptado las instituciones como Gendarmería para que pueda operar el crimen organizado», agregó.
UNA POLICÍA PENITENCIARIA
El ministro Gajardo defendió la reforma constitucional que busca integrar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad, convirtiéndola en una «policía penitenciaria», y que incluye el fin de las asociaciones gremiales dentro de la institución, cuestión que estas rechazan tajantemente.
Para él, «esta es una reforma que se hace por el bien del país. Cuando usted tiene el contexto en el que nos encontramos y queremos blindar nuestras instituciones para enfrentar el crimen organizado, esto se hace por el interés nacional».
De todos modos, el ministro admitió que es poco probable que la reforma alcance a ser ley antes del cambio de mando del 11 de marzo, aunque aseguró que el proyecto quedará «muy avanzado» en la Comisión de Constitución del Senado
