«La edad por sí sola no puede ser un requisito», sostuvo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto de la discusión sobre la posible conmutación de penas para internos de edad avanzada o con enfermedades terminales.
«Tenemos situaciones muy complejas con delitos muy graves», recalcó.
Para el secretario de Estado, «hoy tenemos las herramientas suficientes para que estas personas cumplan sus condenas y no haya impunidad en nuestro país».
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Asimismo, cuestionó el alcance de la iniciativa, pues «me parece que es un proyecto muy general y no va en el sentido de lo que la ciudadanía espera».
NUEVO PENAL
En entrevista con radio Duna el ministro se refirió también a los avances del penal El Arenal, en Copiapó, una de las obras más relevantes en infraestructura penitenciaria de los últimos años. “Son dos mil 160 plazas que se van a construir en pleno desierto, a 40 km de la ciudad de Copiapó. Tiene módulos de máxima seguridad, va a ser un recinto muy moderno”, explicó.
“Esperamos que con la nueva ley, en un plazo de tres o cuatro años ya esté en operación”, agregó.
Respecto de las amenazas que han recibido funcionarios de Gendarmería, informó que “ya se interpusieron las denuncias respectivas al Ministerio Público» y que «vamos a dar con los responsables» para que ninguno de ellos pueda ser intimidado en el ejercicio de sus funciones.
TELÉFONOS CELULARES
Además, frente al aumento en los decomisos de teléfonos celulares dentro de las cárceles, el ministro explicó que «cuando nosotros llegamos el 2022 no se hacían procedimientos masivos por parte de las fuerzas especiales que requisaran elementos prohibidos» y que «este año, producto de la sobre población, estamos haciendo más de un procedimiento masivo de allanamiento mensual».
«Hasta el 2022 no era delito ingresar o tener un teléfono celular al interior de un establecimiento penal”, advirtió Gajardo, por lo que no habí penas por ello.
Finalmente, sobre los funcionarios de Gendarmería que han estado involucrados con bandas al interior de las cárceles, Gajardo subrayó que «la gran mayoría ejerce lealmente su función en condiciones muy complejas, pero tenemos casos de funcionarios que no lo hacen de la misma forma, cometen estos ilícitos y están siendo perseguidos por el Ministerio Público».
