El diputado Andrés Giordano presentó un documento ante la Contraloría General de la República. Este solicita la reconsideración de su dictamen, el cual establece que la «confianza legítima» de los trabajadores del sector público debe ser determinada por los tribunales de justicia.
Este dictamen marca un giro drástico en la jurisprudencia administrativa sobre estabilidad laboral de los funcionarios públicos, que la Contraloría estableció durante años.
El documento presentado por Giordano, destaca que bajo la administración de Jorge Bermúdez, la Contraloría estableció que la renovación ininterrumpida de contratas por más de dos años genera una expectativa legítima de continuidad para los funcionarios, salvo que existan razones fundadas para su desvinculación.
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Esto estaba basado en dictámenes que garantizaban estabilidad laboral y protegían a los trabajadores de decisiones arbitrarias por parte de las administraciones públicas.
Giordano expresó que el reciente dictamen emitido por la contralora Dorothy Pérez “representa un retroceso que precariza las condiciones laborales en el sector público, al obligar a los funcionarios a recurrir a instancias judiciales más costosas y lentas para proteger su continuidad laboral».
“No podemos permitir que decisiones administrativas de este tipo vulneren la estabilidad laboral de quienes trabajan al servicio del Estado. Insto a la Contralora a reconsiderar esta medida y a respetar el legado de protección laboral que su institución ha sostenido durante años”, agregó.
Cabe destacar que este dictamen ha generado un amplio rechazo por parte de organizaciones como la CUT y la ANEF, que se presentaron este lunes 18 de noviembre ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer su molestia.
Además, se acusa que la nueva disposición otorga carta blanca a las autoridades para desvincular a funcionarios sin justificación, eliminando una herramienta administrativa clave para garantizar el derecho a la estabilidad laboral.
