La disputa entre el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) se agudiza, tras el impago de cinco pólizas de garantía que suman más de 31 mil UF —equivalentes a más de $1.000 millones— vinculadas al proyecto «Quédate», ejecutado por la cuestionada Fundación ProCultura.
Lea también Diputado Ulloa llama a priorizar seguridad, salud y crecimiento económico en la Cuenta Pública
El Gobierno Regional de Santiago exige a Aspor el desembolso de la indemnización correspondiente, argumentando que las pólizas se activaron tras la finalización anticipada del programa orientado a la prevención del suicidio y el fortalecimiento de la salud mental. La aseguradora, sin embargo, ha rechazado efectuar el pago y optó por llevar el caso ante la justicia, alegando que corresponde a los tribunales determinar si hay cobertura en este caso.
ASPOR: “NO HEMOS DILATADO NI NEGADO EL PAGO”
En una nueva carta publicada este sábado en El Mercurio, el gerente general de Aspor, Juan Eduardo Ovalle, afirmó que la compañía no ha incumplido sus obligaciones contractuales. «Dentro del marco legal, hemos ejercido nuestro derecho a recurrir a los tribunales para que definan si corresponde pagar la póliza, considerando la gravedad de los hechos actualmente investigados en el caso ProCultura», señaló.
Ovalle argumentó que el conflicto no reside en un incumplimiento por parte de la aseguradora, sino en una diferencia jurídica sobre si existe o no “materia asegurada”. También criticó al gobernador por defender públicamente la gestión del programa “Quédate”, al mismo tiempo que exige el pago de garantías asociadas a fondos cuyo destino, según él, aún no ha sido debidamente esclarecido.
ORREGO DEFIENDE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y EXIGE CUMPLIMIENTO
El gobernador Claudio Orrego, por su parte, ha reiterado que el proyecto “Quédate 1.0” fue debidamente ejecutado y rindió cuentas por $673 millones. Detalló que el programa operó durante 11 meses, atendió a más de 11.500 personas en los hospitales Salvador y Félix Bulnes, y capacitó a 4.500 personas en 32 municipios y 13 centros de salud mental.
“El programa sigue funcionando hoy bajo el Servicio de Salud, en conjunto con la Universidad de Chile y tres fundaciones. Salvar vidas no puede depender del arbitrio de una aseguradora que decide cuándo y cómo cumplir con la ley”, sostuvo Orrego en una misiva previa enviada al mismo medio.
EMPRESA CIERRA EL DEBATE Y REMITE RESOLUCIÓN A TRIBUNALES
Ovalle recalcó que Aspor ha cumplido con otras pólizas asociadas a ProCultura, pero que en este caso específico la compañía ha optado por una vía distinta debido a las circunstancias judiciales.
“Creemos en la necesidad de que los hechos se esclarezcan ante las instancias competentes y que prevalezca el Estado de Derecho”, indicó, agregando que la empresa mantiene una disposición al diálogo respetuoso. “Consideramos concluido este debate en esta tribuna. Ahora, corresponde que los tribunales se pronuncien”, concluyó.
La compañía de seguros ASPOR ha actuado de mala fe e ilegalmente. Exigimos que nos pague la indemnización por el incumplimiento del convenio Quédate y deje de dilatar usando a los tribunales y argumentos como que el programa y el convenio que garantizó es inexistente. Los… pic.twitter.com/K3RDsufJVL
— Claudio Orrego L. (@Orrego) May 29, 2025