«Son acciones violentas que no solo el Estado repudia sino que además de eso está ejerciendo acciones legales contra quienes las han ejecutado», advirtió desde el Gobierno el subsecretario del Interior y futuro ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre las protestas que realizan pescadores en diferentes puntos del país ante el proyecto de ley de fraccionamiento.
Estas han derivado a una serie de episodios violentos donde carabineros han resultado lesionados y vehículos policiales quemados. Más aun, ayer en la bahía de Valparaíso manifestantes intentaron tomar por la fuerza una lancha de la policía marítima y bloquearon el puerto.
La autoridad sostuvo que «los manifestantes tienen el legítimo derecho a expresar sus opiniones, pueden discrepar de lo que se discute en el Congreso. A lo que no tienen derecho, porque la Constitución no se los permite, es amedrentar con manifestaciones fuera del Congreso Nacional y en segundo lugar a atentar en contra de bienes públicos o derechos de las personas o de funcionarios del Estado».
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Al respecto, Cordero detalló que se las estrategias operativas de carabineros de Chile se han ajustado estrictamente al protocolo de intervención. Este «suponía intervenir en aquellos casos que se estuvieran afectando bienes de terceros o se interrumpiera severamente el ejercicio de derechos de otras personas. Quienes participaron de esas manifestaciones no sostuvieron ninguna condición de diálogo con lo cual Carabineros de Chile tuvo que intervenir y lo va a hacer así cuantas veces sea necesario».
«PENALIDADES ALTAS»
«El ministerio del Interior ha interpuesto querellas respecto de los funcionarios policiales lesionados y, en segundo lugar, respecto de los vehículos incendiados. El delito de incendios y los atentados en contra de la autoridad, quiero recordar que tienen penalidades altas», especificó el subsecretario.
«Dicho de otra manera», enfatizó, «si esas manifestaciones continúan y escalan en la violencia, el Estado va a hacer todo el uso de la fuerza del derecho, y las reglas del derecho en este ámbito son muy severas sobre este punto».
En cuanto al borde costero, afirmó que su competencia «es de la Dirección General de Territorio Marítimo, que es donde opera la Policía Marítima». Ahí «se mantienen las coordinaciones y también mediante los medios operativos que permite la ley, Directemar ha intervenido en esos casos».
«Tampoco el Estado va a aceptar que se bloquee el transporte, en este caso marítimo, porque no hay reivindicación posible que pueda justificar el atentar en contra de bienes básicos en el funcionamiento del sistema militar», advirtió Cordero a los pescadores por parte del Gobierno.
