Este domingo, el cambio de estatus del Penal de Punta Peuco, anunciado por el presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, fue confirmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
Cabe señalar que la medida, que busca poner fin al trato diferenciado a condenados por crímenes de lesa humanidad, marca un hito en la política penitenciaria del país.
Durante su discurso ante el Congreso, el mandatario señaló que se pondrá fin al penal «como se le conoce», sin detallar aún el cronograma de cierre. No obstante, desde el Ejecutivo ya se entregan señales claras sobre la orientación de la medida.
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GOBIERNO POR PUNTA PEUCO
En conversación con Estado Nacional, el ministro Gajardo fue enfático en señalar que «no existe razón para que tengamos un establecimiento penal exclusivamente para personas que violaron los Derechos Humanos».
«Eso no tiene justificación y está al margen de lo que debiéramos hacer en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales», añadió.
El secretario de Estado agregó que más allá del componente ético y simbólico, también existen argumentos prácticos. «Un penal exclusivo para este tipo de reos limita la capacidad de Gendarmería para gestionar de forma eficiente el sistema penitenciario», explicó.
TRASLADOS CASO A CASO
Tras ser consultado sobre el destino de los reclusos actualmente internos en Punta Peuco, Gajardo aclaró que se realizará una evaluación individual para determinar su traslado a penales comunes. «El objetivo es claro: no más cárceles especiales para violadores de Derechos Humanos», puntualizó.
Junto con ello, Gajardo recordó que los argumentos utilizados ahora por el Gobierno son similares a los esgrimidos por el expresidente Sebastián Piñera en 2013, cuando decidió clausurar el Penal Cordillera.
«Son prácticamente los mismos argumentos. No es una decisión ideológica, es una medida necesaria en términos de justicia y gestión penitenciaria», sostuvo el ministro. Por último, según detalló, hay tres ejes que justifican la medida:
– Afecta el principio de igualdad ante la ley.
– Dificulta una administración eficiente de los recintos penitenciarios.
– Representa un riesgo para la seguridad del sistema carcelario.
