El debate por el salario mínimo comienza a tensionarse en el mundo político y económico, luego de que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, instalara como eje central de la discusión el impacto del reajuste en el empleo, más que el aumento directo de los ingresos.
En entrevista con La Tercera, la autoridad evitó comprometer cifras, pero dejó en claro que el Ejecutivo no impulsará incrementos agresivos, advirtiendo que una decisión de ese tipo podría profundizar los problemas del mercado laboral. “Tiene que ser una conversación con dosis de realidad”, sostuvo, marcando distancia de enfoques centrados únicamente en mejorar el poder adquisitivo.
EMPLEO EN EL CENTRO DEL DEBATE
El ministro puso énfasis en que cualquier alza del salario mínimo debe considerar el contexto actual, donde más de 860 mil personas se encuentran sin trabajo. En esa línea, advirtió que incluso variaciones pequeñas en el desempleo pueden tener efectos significativos en la cantidad de personas buscando empleo.
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La señal apunta a instalar una discusión más amplia: no solo cuánto subir el salario mínimo, sino cómo evitar que esa medida termine afectando la generación de empleo formal, especialmente en un escenario económico que ha mostrado bajo dinamismo en la última década.
PRESIÓN SOBRE LAS PYMES
Uno de los focos del diagnóstico del Gobierno está en las pequeñas y medianas empresas, que estarían enfrentado un aumento sostenido de sus costos laborales. En ese contexto, un alza del salario mínimo podría impactarlas con mayor fuerza, reduciendo su capacidad de contratación.
Por ello, desde el Ejecutivo se busca equilibrar la política salarial con incentivos que permitan sostener el empleo. Entre las medidas en evaluación figura un mecanismo de apoyo a la contratación, que beneficiaría a trabajadores con ingresos cercanos al mínimo mediante un crédito tributario para las empresas.
AGENDA LABORAL BAJO REVISIÓN
Las declaraciones del ministro se enmarcan en una agenda más amplia que contempla entre 40 y 45 medidas orientadas a reactivar el empleo formal. El foco está puesto en dinamizar la economía y revertir cifras que el propio Gobierno califica como críticas: una tasa de desempleo sobre el 8%, altos niveles de desocupación juvenil y brechas persistentes en el empleo femenino.
En ese contexto, el Ejecutivo busca instalar una narrativa donde el crecimiento económico aparece como condición necesaria para mejorar los salarios. “No hay mejor política social que el empleo”, planteó Rau, reforzando la idea de que el reajuste del salario mínimo será parte de una estrategia más amplia y no una medida aislada.
DEBATE CLÁSICO: PROTEGER EL EMPLEO O MEJORAR LOS INGRESOS
El debate por el salario mínimo en Chile vuelve a instalar una tensión clásica: proteger el empleo o acelerar la mejora de los ingresos. Las señales del actual gobierno apuntan a una estrategia de contención, más cercana a la aplicada durante la administración de Sebastián Piñera que al ciclo de incrementos sostenidos impulsado en el periodo de Gabriel Boric.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, el salario mínimo se transformó en uno de los ejes centrales de la política económica y social. A través de acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Ejecutivo impulsó una trayectoria que elevó el ingreso mínimo desde $350.000 a $500.000 en un periodo acotado, combinando los incrementos con subsidios estatales para mitigar el impacto en las pymes.
El énfasis estuvo puesto en recuperar el poder adquisitivo y reducir brechas, incluso en un contexto de incertidumbre económica. La lógica fue expansiva: subir salarios como motor de bienestar, respaldando a las empresas con transferencias directas.
Hoy, en contraste, el discurso cambia de eje. El foco ya no está en cuánto subir el salario mínimo, sino en cuánto puede subir sin afectar el empleo formal.
UN MODELO QUE RECUERDA A PIÑERA
La estrategia actual guarda similitudes con la adoptada en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, especialmente durante la pandemia. En ese periodo, el Ejecutivo optó por reajustes acotados e incluso evaluó congelar el salario mínimo, argumentando que aumentos mayores podrían impactar negativamente en la contratación.
Al igual que entonces, el énfasis se traslada hacia instrumentos complementarios, como subsidios o incentivos a la contratación. En la actualidad, el gobierno evalúa mecanismos como créditos tributarios para apoyar la empleabilidad de trabajadores con ingresos cercanos al mínimo, replicando en parte el enfoque de apoyo indirecto a los ingresos.
EL EMPLEO COMO EJE ESTRUCTURAL
La principal diferencia entre los tres periodos radica en el diagnóstico del mercado laboral. Mientras el gobierno de Boric apostó por impulsar salarios en paralelo a la recuperación económica, el actual Ejecutivo instala el empleo como condición previa.
Las cifras de desempleo, sobre el 8% de forma sostenida, junto con la debilidad del crecimiento, han sido utilizadas como argumento para moderar expectativas. En ese contexto, el salario mínimo deja de ser una herramienta de expansión social y pasa a ser una variable de ajuste dentro de una estrategia más amplia de reactivación.
Así, el país enfrenta nuevamente un dilema estructural: avanzar en mejores salarios o resguardar la capacidad de generación de empleo. La respuesta del gobierno actual parece inclinarse por lo segundo, reeditando una lógica conocida, pero en un escenario económico que sigue mostrando señales de estancamiento.
El ministro Tomás Rau participó en la sesión del Comité Económico, liderado por el Presidente José Antonio Kast. pic.twitter.com/c5gOmEzrqb
— Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) April 2, 2026
