Según consignó La Tercera, el Gobierno se encuentra gestionando la expulsión de al menos 2.600 migrantes durante los próximos 14 meses. Número muy por debajo los 12.000 migrantes a que la oposición ha insistido en expulsar.
Desde el Ejecutivo han señalado que no es factible expulsar a los más de 10.000 migrantes a quienes ya se les cursó una orden de abandono del país. No obstante están en vías de desarrollar un plan que podría terminar el año con 262 expulsiones, que se sumarían a las 738 -239 por orden administrativa y 499 por la vía judicial- realizadas durante este 2023.
Luego, en 2024, el plan de expulsión continuaría con un presupuesto de $7.200 millones para que desde el Srervicio de Migraciones puedan ejecutar otras 2.400 expulsiones más. Llegar a las 3.000, según señalan del Gobierno, no sería factible.
Respecto a cuáles serán los migrantes expulsados, a través de reuniones en La Moneda se elaboró un «perfil de riesgo», en el que la prioridad sea gestionar los regresos de quienes tengan antecedentes y sean hombres de entre 18 y 40 años que no han sido parte del empadronamiento biométrico.
IDA A VENEZUELA
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se prepara para ir a Venezuela, a concretar un acuerdo para agilizar las expulsiones.
Según El Mercurio, el viaje a Caracas debiese concretarse durante la próxima semana. Allí se conversará la posibilidad de que el país acepte viajes de la Fuerza Aérea de Chile, así como la búsqueda de fórmulas para acelerar el proceso de identificación de personas.
Al encuentro en Caracas, se sumarías las reuniones previas que ha tenido Monsalve con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
