El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que, desde el inicio de mandato el 11 de marzo hasta el 13 de septiembre, el Gobierno ha otorgado 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados como abusadores sexuales y violadores de menores.
Consultado al respecto el secretario de Estado Rabat explicó que «lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo».
La información sobre la rebaja de condenas había sido revelada previamente por Interferencia.
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El medio detalló que 27 de ellas fueron por abuso sexual y 29 por violación y que el promedio entre los decretos fue de tres días.
En ese período, añadió, solo una solicitud fue rechazada, en un caso de abuso sexual de menor.
Esas cifras constan en el ORD. 7067, con el que la subsecretaría de Justicia respondió una solicitud de acceso a la información del citado medio.
Ninguna disminución respondió a un recurso de amparo u otra vía judicial. Todas fueron ingresadas al ministerio, y este las acogió.
CALIFICACIÓN ANUAL
En cada decreto figura que se dicta «por orden del Presidente de la República». Antes de que eso suceda la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Seremi verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.
Eso lo regula la Ley N°19.856 y su calificación se realiza una vez al año.
Gendarmería elabora el listado de internos que cumplen los requisitos y los remite al ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que este resuelva.
Si para esa cartera se cumplen los requerimientos y no concurre una causal de exclusión, no podría negar la rebaja.
Ahora bien, la Ley N° 21.421, que modificó el año 2022 a la Ley N° 18.856, excluyó del beneficio a quienes cometieron delitos sexuales contra menores. Según el ministero hay una discusión judicial sobre si se aplica a hechos anteriores a su entrada en vigencia.
De todos modos, se desconoce cuántos de los 56 decretos firmados por el Gobierno corresponden a delitos cometidos antes o después de esa fecha, ni si ese fue el fundamento en cada caso para conceder las rebajas de condenas.
RABAT: DECIDIÓ LA CORTE SUPREMA
«Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos», aseguró el ministro Rabat respecto de la rebaja de penas otrogada por el Gobierno a violadores de menores y abusadores sexuales.
Consultado si la decisión ministerial facilita el trabajo de los defensores sabiendo que no respondieron a recursos judiciales, el titular de Justicia insistió en que el criterio «ya lo estableció la Corte Suprema por la vía de recursos de amparo».
Ante la pregunta de por qué no se transparentaron estas decisiones a la ciudadanía, el ministro desafió: «¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución».
