Política

Gobierno insiste en alzar secreto bancario en delitos

Cristian Navarro H.

Periodista

secreto bancario
Foto: Agencia Uno
Alvaro Elizalde: «El crimen organizado no solo actúa con armas, sino que también opera con esquemas financieros opacos»

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reafirmó que el Gobierno seguirá impulsando el alzamiento del secreto bancario en investigaciones penales complejas, especialmente vinculadas al crimen organizado. La propuesta busca dotar al Estado de herramientas eficaces para enfrentar estructuras delictivas sofisticadas y redes de lavado de dinero.

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«El crimen organizado no solo actúa con armas, sino que también opera con esquemas financieros opacos, redes transnacionales y mecanismos avanzados de lavado de activos», señaló Elizalde tras participar en la presentación del informe de la comisión asesora sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En ese marco, recalcó que levantar el secreto bancario debe entenderse “no como una ruptura al principio de intimidad, sino como una herramienta necesaria para restablecer equilibrios institucionales y proteger a la sociedad”.

La discusión se reactivó luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmara que el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica incluirá un mecanismo para permitir el acceso a información bancaria en casos de crimen organizado.  Sin embargo, el Senado eliminó este punto durante el primer trámite legislativo, y la oposición ya anunció que lo rechazará en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió la medida en entrevista con Tele13 Radio, citando el caso del brazo financiero del Tren de Aragua, organización que habría logrado sacar más de 13 millones de dólares fuera del país. “Este es el mejor ejemplo para demostrar que el crimen organizado sí utiliza el sistema financiero formal”, sostuvo.

“El fortalecimiento institucional no puede ir separado de la agenda de seguridad”, agregó Elizalde, y advirtió que no puede haber una protección efectiva de derechos sin la capacidad real de sancionar a quienes los violan, ya sea desde el poder económico o desde el crimen.

 

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