En medio de un escenario político marcado por la desconfianza ciudadana y la fragmentación parlamentaria, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, puso sobre la mesa dos discusiones de fondo que han estado largamente postergadas: el voto extranjero en elecciones presidenciales y la necesidad urgente de una reforma al sistema político.
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En conversación con Radio Infinita, Lobos advirtió que en Chile nunca se ha dado un debate profundo sobre el alcance del voto de personas extranjeras. “Tenemos una normativa muy permisiva, muy distinta a la que rige en la mayoría de los países del mundo”, apuntó, aludiendo a un vacío legal que, aunque no impactará las próximas elecciones, podría marcar el tono de las discusiones políticas del futuro inmediato.
VOTO EXTRANJERO
La ministra fue enfática en señalar que esta no es una discusión con fines electoralistas. “No se trata de sacar cuentas con la calculadora”, dijo, sino de definir principios que regulen quiénes pueden elegir al Presidente de la República. “En la mayoría de los países se exigen requisitos específicos. No es que se impida el voto extranjero, pero se regula con claridad”, agregó.
Aunque la idea no apunta a modificar las reglas para el ciclo electoral actual, el Ejecutivo buscaría que el país zanje una postura clara sobre quiénes deben tener derecho a incidir en el liderazgo presidencial: ¿solo los nacionales o también extranjeros con cierto nivel de integración y permanencia?
REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO
El diagnóstico sobre la crisis del sistema político ya no admite matices: la fragmentación parlamentaria ha vuelto ingobernable al Congreso. Y el Ejecutivo parece decidido a actuar. Según detalló Lobos, se impulsará una reforma que eleve los requisitos para la creación de partidos y que fortalezca los comités parlamentarios.
“Una democracia sólida necesita partidos fuertes y transparentes”, remarcó, añadiendo que hoy los comités parlamentarios existen solo como entes reglamentarios. La idea del gobierno es darles rango legal, establecer reglas de funcionamiento y exigir a los parlamentarios afiliarse a uno. “Es necesario que quien fue elegido por un partido tenga coherencia con su acción legislativa”, dijo, en un mensaje que también podría leerse como un llamado a terminar con los personalismos que erosionan la institucionalidad.
El proyecto, aún en discusión, incluye sanciones para quienes abandonen el partido por el que fueron electos, buscando evitar la dispersión ideológica y la pérdida de cohesión política que afecta directamente la gobernabilidad.
