Política

Gobierno nombra a primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

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Promulgación de la ley que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Foto: Presidencia
Macarena Cortés es abogada de la Universidad de Chile y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de las políticas públicas, los derechos humanos y la reinserción social.

El Presidente Gabriel Boric nombró a Macarena Cortés Camus como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

A través de un comunicado el ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que la nueva autoridad asumirá sus funciones el 1 de enero, hecho que marcará un hito en la implementación de este organismo creado para fortalecer el acceso a la justicia, la orientación jurídica y la protección de las víctimas en el país.

La ley que crea la repartición fue promulgada el pasado 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Mandatario en el Palacio de La Moneda.

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El Jefe de Estado destacó en la ocasión que con este nuevo servicio ahora “es posible y es un derecho de las víctimas tener atención integral jurídica, pero también psicológica, también social”.

JUSTICIA RESTAURATIVA

Macarena Cortés es abogada de la Universidad de Chile y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de las políticas públicas, los derechos humanos y la reinserción social.

Posee formación de postgrado en justicia restaurativa, gerencia social y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, con estudios realizados en la Universidad de Ginebra, Flacso, Unicef y la Universidad Diego Portales.

Asimismo, cuenta con especialización en responsabilidad penal adolescente y experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas en el sector justicia.

PATRICIA MUÑOZ

Inicialmente el Gobierno del Presidente Gabriel Boric habría elegido a la abogada Patricia Muñoz García, exdefensora de la Niñez, como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.

Esta se encuentra en un avanzado embarazo, de cerca de siete meses, lo cual generó un serie de críticas, ligadas también a las acusaciones de «amarres» de funcionarios públicos de la actual administración.

Esto, porque de asumir Muñoz el cargo permanecería al menos seis meses con licencia y el Gobierno entrante de José Antonio Kast no podría removerla  hasta un año después de que termine su post natal, debido al fuero maternal.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y eficacia administrativa de ese eventual nombramiento.

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